El canciller David Choquehuanca se ha molestado con los periodistas porque llaman “bloqueo” a lo que él insiste en llamar “vigilia”. Se refirió así a la interrupción del tráfico que llevan adelante los colonos y cocaleros (el Gobierno los llama “interculturales”) en la localidad de Yucumo para impedir el paso de los indígenas marchistas que se oponen a la destrucción del Parque Isiboro-Sécure. Es grave el problema semántico en el que se meterán las autoridades del Estado Plurinacional para referirse las nuevas medidas de protesta que están floreciendo en el país a cargo de “nuevos movimientos sociales”. Qué nombre ponerle, por ejemplo, a los bloqueadores de la zona chiquitana que cortaron la ruta hacia Puerto Suárez, exigiendo que la Aduana les permita legalizar los autos robados que fueron introducidos desde Brasil hace algunos meses, en el marco de la amnistía a los vehículos chutos. La promoción a la economía ilegal e informal en el país está produciendo nuevos agentes de presión, nuevas reivindicaciones y por supuesto, nuevas maneras de protestar. Hay ayllus que insisten en proteger al contrabando y comunidades que no tienen problemas en liarse con narcotraficantes. Hay autoridades que los justifican y dicen que lo hacen por cuestiones sociales. El desafío es inventar una nueva nomenclatura sindical para este fenómeno emergente.
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