El Infierno

Cuando se observa la película “El Infierno”, esa genial producción dirigida por Luis Estrada, se puede pensar que hay un tono de exageración en el retrato del problema del narcotráfico en México. El filme muestra un pueblo absolutamente controlado por los narcos, con capacidad para poner alcalde, jefe de policía e incluso controlar a los temibles federales, que hacen la vista gorda con la violencia que transcurre a su alrededor.

La reciente desaparición de 43 estudiantes de magisterio en el estado de Guerrero es una demostración de que la realidad mexicana supera ampliamente la ficción y es una pérdida de tiempo buscar quién apretó el gatillo, pues ha quedado probado que el pleno de establishment político del país está involucrado en un problema que tiende a empeorar.

Las primeras investigaciones han demostrado que quienes organizaron y perpetraron el exterminio de los estudiantes están ligados a los cárteles de la droga, a varios municipios y algunas jurisdicciones policiales que posteriormente se han dedicado a amedrentar a familiares, periodistas y autoridades que han intentado el esclarecimiento de la masacre. El crimen no fue una reacción ante una amenaza flagrante, fue sencillamente un hecho casi burocrático y mecánico de un sistema que no admite críticas ni disidencias y que actúa sin contemplaciones contra cualquiera que cuestione este modelo de funcionamiento del Estado. Ha sido una forma de escarmiento al resto de la sociedad, un operativo de terrorismo de este gobierno que ya no se lo puede considerar paralelo, pues se trata del oficialismo puro y duro con sus propias reglas, métodos y objetivos.

Edgardo Buscaglia, un renombrado investigador de la Universidad de Columbia, afirma que el hecho ocurrido en Guerrero obedece a un fenómeno denominado “colapso de instituciones” producto de un “pacto entre delincuencia y la clase política”. Afirma que en México ya no hay a quién perseguir, puesto que “el corazón de la delincuencia son los políticos”.

En septiembre del 2010 Buscaglia entregó un informe al Senado de México que retrata de cuerpo entero al narcotráfico y que explica por qué fracasa la lucha contra las mafias, que no solo han incrementado su poder y penetración en la sociedad, sino que han diversificado sus actividades, con el manejo de 22 nuevos delitos redituables tales como el tráfico de armas, tráfico de migrantes, extorsión, piratería y prostitución.

El informe asegura que el 72 por ciento de los más de 2.500 municipios del país están infiltrados por células operativas del narcotráfico y de todos estos, el 8 por ciento está totalmente “feudalizado” por la delincuencia organizada. En otras palabras, los narcos pagan las campañas electorales, imponen sus candidatos y hacen gestión pública con el pago de obras públicas, lo que en muchos casos genera simpatía entre la población. Los datos demuestran que las autoridades que en cierta forma simulan una lucha antidrogas, jamás tocan el patrimonio de los narcotraficantes, que en este momento tienen en sus manos el 78 por ciento de las actividades económicas vinculadas al Producto Bruto Interno, con fuertes inversiones en la minería y los sectores agropecuario, farmacéutico y químico. La gran pregunta que se hacen muchos bolivianos es ¿cuán lejos está nuestro país de este infierno?