Un millón de sospechas

En octubre del 2013 se produjo un hecho insólito en la localidad de Pozo del Tigre ubicada al este del departamento de Santa Cruz. Una patrulla de la policía antidrogas de Bolivia incautó algo más de un millón de dólares que fueron lanzados desde una avioneta. Los agentes observaron cómo arrojaron el paquete y detuvieron a la persona que debía recoger la encomienda en medio de un sembradío. La bolsa decomisada contenía 26 fajos por un valor de 1.000.080 dólares con billetes de distintos cortes, muchos de los cuales tenían sellos de un banco paraguayo. Junto al dinero secuestraron dos vehículos, una escopeta, un rifle y una ametralladora. Pero lo más insólito es que todo ese dinero ha sido devuelto a personas que lo reclamaron y que convencieron a los jueces de que se trata de recursos con origen y destino totalmente lícitos. El viceministro de Defensa Social, Felipe Cáceres, ha lamentado este incidente, producto según él, de vacíos jurídicos y “chicanerías” que permiten la devolución del 70 por ciento de los bienes incautados a narcotraficantes. Obviamente el Gobierno se lava las manos, pero lo sospechoso es que justo en estos casos nadie decide “meterle nomás” o proceder con el mismo rigor con el que se actúa en otros asuntos de la justicia en los que no está involucrado el narcotráfico.