"Caiga quien caiga"

 Las mujeres son más honestas que los hombres”, “Los indígenas son la reserva moral del país y son incorruptibles”, “Los campesinos conocen mejor que nadie las necesidades del país y son ellos los que deben definir las políticas del gobierno”. Cuántas veces hemos escuchado afirmaciones de esta naturaleza en los últimos años y algunas de ellas pueden ser ciertas dentro del contexto de la “sabiduría popular”, pero de ninguna manera se puede construir un Estado sobre la base de esas presunciones idílicas que dejan escapar muchas singularidades.

Solo hay que ver por ejemplo, lo que está ocurriendo en este momento con ilustres damas que gobiernan tres países sudamericanos para darse cuenta que las faldas no son garantía de nada y que el cinismo, la corrupción y otros males muy arraigados en la clase política no distinguen ni color, etnia, género ni ninguna otra particularidad. Pensar distinto es repetir graves errores del pasado que llevaron a algunos a concluir que existen razas superiores o personas predestinadas para ejercer el poder.

Las principales implicadas en el escándalo del Fondo Indígena son mujeres y también indígenas. Es más, casi todos los que han firmado para aprobar obras fantasmas, aquellos que hicieron la vista gorda, los que apañaron las irregularidades y los que montaron todo el aparato gansteril alrededor de este dinero, son representantes de pueblos originarios que ahora pretenden refugiarse bajo sus ponchos y polleras, acusando de discriminación a quienes exigen que se cumpla la instrucción presidencial “caiga quien caiga”. Ojalá se cumpla.

Hay mucho por investigar en este caso, incluso algunas muertes ocurridas en medio de un gran misterio y el silencio cómplice de comunidades, dirigentes sindicales y autoridades nacionales que en cierta forma actuaron con paternalismo con los colectivos indígenas y campesinos, cuyos dirigentes tienen en muchas ocasiones, largos expedientes de clientelismo con éste y anteriores gobiernos. Habrá que ver si aquella mirada sublime frente a los originarios no fue simplemente una acto de descaro, como ocurrió con el tema ambiental y toda la patraña del “vivir bien”, que en definitiva no fue más que la viveza de siempre y de unos cuantos.

Lamentablemente esa es la manera cómo el actual régimen ha constituido el Estado Plurinacional, de esa forma puso patas arriba el Órgano Judicial y todas las instituciones públicas donde a nombre del color de la piel, el origen o cualquier otra circunstancia, que ha dado como resultado un manejo discrecional que está desencadenando en un saqueo sin precedentes.

En el pasado le llamaban compadrerío, cuoteo, clientelismo y contubernio a lo que hoy denominan como el gobierno de los movimientos sociales, que no es más que el viejo corporativismo que institucionaliza la corrupción. El control social no ha funcionado y en todo caso ha servido para eliminar la fiscalización que debe restablecerse a través de mecanismos legales que todavía están vigentes pero que las autoridades se niegan a cumplir.

Si continuamos rechazando las licitaciones, las auditorías, los presupuestos, los programas, los medios de fiscalización y todo lo que el propio presidente siempre ha desechado como “burocracia inservible”, el robo a las arcas públicas se mantendrá en crecimiento y Bolivia se perpetuará como uno de los países más atrasados del continente.