Fuera de control

El abogado Denver Pedraza fue baleado en el ingreso

del Palacio de Justicia. Recibió ocho balazos. El atentado

es atribuido a sicarios relacionados con el narcotráfico.

Solo en la Colombia de los años ’80 y en el México actual se escuchan noticias que en Bolivia están comenzando a menudear. Secuestros, ajustes de cuentas, asesinatos y por último, un atentado en la casa de la fiscal del distrito de Pando, atribuido a mafias dedicadas al contrabando y el narcotráfico.

Ya es un hecho indiscutible que en Santa Cruz está floreciendo la “industria” del secuestro, una actividad que suele prosperar de forma paralela al narcotráfico. El dato de la presencia de alrededor de tres mil narcotraficantes colombianos en el territorio nacional, no hace más que generar preocupación de que la capital del departamento pueda convertirse en la “nueva Medellín” o en la ciudad de Juárez, si es que el régimen de Evo Morales decide continuar en su actitud contemplativa en relación a este flagelo.

Las 230 fábricas de cocaína halladas en la zona de Yapacaní en tan solo tres días dan una idea clara de la monstruosa dimensión que ha alcanzado el narcotráfico en estos años. El Gobierno ya no puede disimular que se trata de un problema que lo ha rebasado y tampoco relativizar las cosas argumentando que las grandes incautaciones de droga son el resultado de mayores esfuerzos en la interdicción.

Estamos inundados de cocaína, de sicarios, narcotraficantes, cárteles internacionales de la droga y la acción represiva de la Policía apenas dispara a la punta del iceberg.

Los cocaleros se ríen de las amenazas del presidente. Los cultivos ilegales del Chapare se han expandido sin control hacia el norte cruceño, han invadido los parques, reservas forestales y le están quitando terreno a las áreas de cultivo de alimentos en Los Yungas y otras zonas. Y donde hay cocales hay droga, eso no se puede ocultar, la prueba está en Yapacaní y en Cochabamba, donde han llegado al extremo de invadir un terreno en el valle de Sacta perteneciente a la Universidad de San Simón.

Mientras el presidente Morales sigue defendiendo la coca ante la ONU, critica a Estados Unidos y hace todos los esfuerzos por desprenderse de los esfuerzos mundiales por combatir la mafia de las drogas, en Bolivia los narcotraficantes ganan terreno todos los días, toman comunidades y convierten en sus cómplices a los campesinos, perforan el poder judicial y horadan la economía nacional con dinero sucio que favorece el lavado y los negocios espurios.

Muchos campesinos ya no quieren producir alimentos porque les conviene más la coca y la cocaína. La naturaleza también pierde pues se contaminan ríos y bosques con químicos para procesar cocaína. Para colmo, una carretera bautizada como la “autopista de la droga” se ha constituido en el mayor empeño presidencial, pese a que podría destruir la mayor reserva ecológica del país y favorecer la consolidación del más grande “narcoterritorio” de América del Sur provisto de su propio corredor de exportación.

No se puede creer que después de todas estas evidencias, luego de la ráfaga contra la fiscal de Pando y la balacera que hirió a un abogado en Santa Cruz horas después, el ministro de Gobierno siga insistiendo que todo está bajo control e insista que en Bolivia no operan cárteles internacionales de la droga. Tampoco es creíble cuando afirma que Bolivia está dispuesta a cooperar con los países vecinos y se niega a firmar un convenio con Brasil porque supone entrar nuevamente en acuerdos con la DEA. El régimen boliviano, en todo caso, está dando señales totalmente contradictorias que causan preocupación en el mundo, tal como sucede con el abandono de la Convención de Viena sobre Estupefacientes.