martes, 19 de julio de 2011

Nadie sabe para quién trabaja

El presidente Morales ha vuelto a quejarse de los indígenas y es posible que las lamentaciones sean la antesala de una guerra. En el área del TIPNIS, Parque Isiboro-Sécure, están preparando arcos y flechas para enfrentar a las fuerzas represivas del Gobierno, lo que anticipa un insólito enfrentamiento entre los originarios y el régimen que supuestamente pretende descolonizar el país.

Mientras que Evo Morales afirma que los indígenas lo han abandonado y que lo único que pretenden es “lotear” el Gobierno, el Consejo Nacional de Ayllus y Marcas del Qollasuyu (Conamaq) que, entre otros, representa a las comunidades que han “loteado” el Altiplano a favor de los narcotraficantes y contrabandistas de autos, se han decidido respaldar a los nativos del TIPNIS, que se oponen a la construcción de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos, porque, según argumentan, la obra serviría para expandir los cultivos de coca y el narcotráfico y destruiría su territorio.

En el norte de Santa Cruz, justo en la zona colindante con el Chapare, los narcos se han loteado una extensa zona que incluye a las poblaciones de Yapacaní, San Germán, Nuevo Horizonte, Ichilo y Kilómetro 40. En esa área fueron descubiertas nada menos que 230 fábricas de cocaína en tres días y arrestaron a 13 integrantes de una banda de narcotraficantes y sicarios peruanos.

 Este gigantesco operativo es la señal indiscutible de que el fenómeno de las “narcocomunidades” se ha trasladado al territorio cruceño. En Cochabamba están mucho más avanzados. Los campesinos que protegen a los narcos cuentan con sus propios sistemas de vigilancia y una red de trancas en los caminos vecinales, que además de limitar el tráfico de los intrusos y personas ajenas al negocio, sirve como método de alerta. El uso de esta “tecnología” es de larga data en el trópico cochabambino y lo mismo ocurre con el modus operandi consistente en crear sindicatos y establecer una suerte de zona de exclusión (loteamiento) para resguardar sus actividades.

El presidente Morales acaba de advertirles a sus compañeros del Chapare que, ante el abuso, podría autorizar el retorno de los gringos para retomar la interdicción y la erradicación forzosa de los cultivos de coca ilegales. El operativo realizado en Yapacaní podría entenderse como la señal de que esa amenaza podría convertirse en realidad, sobre todo, porque el régimen boliviano ha perdido ya la autonomía por la que tanto peleó en materia de lucha contra el narcotráfico. Se trata de uno de los efectos del caso Sanabria.

En cualquier circunstancia, a Evo Morales se le va poniendo cada vez más difícil gobernar en un país loteado por fuerzas que precisamente él ayudó vigorizar para destruir a sectores de la oposición legal y democrática. En Pando, por ejemplo, sicarios que trabajan para narcotraficantes acaban de ametrallar la vivienda de una fiscal funcional al Gobierno. En La Paz, el presidente de la Corte Superior del Distrito, uno de los artífices de la persecución política orquestada por el Gobierno se ha quejado por la existencia de una red de abogados, jueces y narcos que opera para favorecer actividades ilícitas. Es la consecuencia de haber loteado el país para destruir al Estado y el sistema democrático. La arquitectura de los ayllus, las naciones indígenas, los sindicatos y movimientos sociales comienza a tener vida propia y a darle la espalda al presidente.