Cada vez que las papas queman, en Bolivia pensamos que la salida viene por el lado de los militares, una vieja receta que jamás ha parido una solución. Cualquiera que no conozca los antecedentes podría pensar que el país cuenta con las Fuerzas Armadas más profesionales, más honestas y mejor equipadas del mundo, capaces de enfrentar cualquier desafío, desde amasar pan hasta luchar contra los contrabandistas o reducir el índice de inseguridad ciudadana. Menos mal que en el país no ha prosperado la idea de meter de lleno a los militares en la lucha contra el narcotráfico. Las consecuencias tal vez hubieran sido más nefastas de lo que son.
Los militares bolivianos acaban de demostrarle al mundo que no tienen ni siquiera una brújula para orientarse y evitar así papelones como el que pasó un grupo de uniformados en Chile, donde también se puso en duda la integridad de los soldados. Pese a ello, el presidente Morales ha anunciado que reforzará el control fronterizo con el traslado de dos regimientos completos destacados en la zona central del territorio nacional.
La medida se produce luego de constatar la vergonzosa situación en la que se encuentran las fronteras del país, penetradas incesantemente por contrabandistas, narcotraficantes y ladrones de autos, que para el caso, pertenecen al mismo tronco mafioso.
A los militares se les encomendó la misión de resguardar los límites después de que se hicieron reformas a las normas aduaneras y el balance no ha sido nada positivo. El propio presidente Morales se quejó de la ineficacia de sus gendarmes cuando admitió que el contrabando era imparable ya que los traficantes de diesel pasaban el combustible hasta en mamaderas, de ahí la necesidad de frenar la fuga mediante el “gasolinazo”.
No se les puede atribuir toda la responsabilidad del problema a los militares. Ellos son apenas el componente de un mal crónico en Bolivia y que lamentablemente se ha agravado en los tiempos del cambio. A nombre de la protección de los usos y costumbres de los pueblos originarios, el régimen de Evo Morales ha desarrollado todo un mapa de complicidad con decenas de ayllus y comunidades campesinas, que siempre tuvieron tratos cordiales con los contrabandistas, pero que últimamente han establecido verdaderas zonas de exclusión donde han consolidado una suerte de entronque entre la justicia comunitaria y la economía ilegal, que goza de mucha prosperidad en el país.
Qué pueden hacer los militares con sus pocos recursos y sus escasos escrúpulos, después del carnaval de iniquidad que decretó el Gobierno a través de una norma que legalizó el delito y que puso en evidencia el nivel de penetración que ha conseguido el crimen organizado en comunidades, que según el Primer Mandatario, han dejado de producir alimentos y prefieren dedicarse al delito, tal como ocurre con más de 700 mil personas en el país que viven del narcotráfico, de acuerdo al último informe de la ONU.
El país ha conformado una institución dedicada al control de las fronteras. ¿Qué está haciendo esta entidad además de ejercer el control político en diferentes regiones del país? De esta unidad debería surgir una propuesta novedosa, eficaz y bien estructurada que sea capaz de responder a la necesidad de luchar contra los contrabandistas, proteger la soberanía del país y aplicar políticas para frenar el delito que corroe el tejido social de las comunidades más alejadas del territorio.
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