Una exconcejal del municipio de Montero fue trasladada a La Paz con fuerte custodia policial. La arrestaron como si se tratara de una peligrosa delincuente. En la sede de Gobierno la pusieron frente a un juez cautelar que le aplicó medidas sustitutivas a la detención. El delito: "desacato", una figura que prácticamente ha sido proscrita de la legislación internacional porque pertenece a los tiempos medievales, pero que en Bolivia el Gobierno del MAS está usando con denodado esmero.
El acusador de la exautoridad montereña no es más que un diputado oficialista que tiene el suficiente peso partidario para movilizar policía, justicia y tribunales a su favor y darse el lujo de ordenar la detención de una persona que ha estado investigando hechos de corrupción que presuntamente vinculan al dirigente masista.
Lo que hace ese diputado no es más que seguir la corriente de los principales gobernantes de este país que han estado usando la figura del "desacato" para amedrentar a todo aquel que tenga la osadía de expresar dudas o alguna sospecha sobre la forma de conducir el país. Numerosos líderes opositores enfrentan procesos jurídicos y podrían ir a la cárcel, por un supuesto delito del que se sirven aquellos que creen que el Estado y sus agentes están por encima de la ciudadanía y que, por lo tanto, merecen el trato de semidioses, a los que no se les puede exigir cuentas y menos poner en tela de juicio. Es más o menos lo que ocurría durante el período del absolutismo con los monarcas que convencieron a todos que eran la encarnación de Dios.
El Estado moderno fue creado para servir a la gente y no para que un grupo se sirva de él y lo utilice para atemorizar al resto. El régimen del MAS ha sido muy hábil para sembrar la confusión entre Gobierno y Estado, con el fin de sacralizar a un pequeño grupo de personas que están llevando al país hacia la autocracia.
Hace mucho que la Corte Interamericana de Derechos Humanos recomendó a los países miembros de la OEA eliminar de sus legislaciones la figura del "desacato", no solo por considerarla anacrónica y violatoria de los derechos fundamentales, sino porque trastoca por completo el deber ser del Estado y de la democracia. El Estado se debe al pueblo y éste tiene todo el derecho a exigirle explicaciones, a manifestar sus sospechas y, en todo caso, los gobernantes, agentes pasajeros de la administración estatal, tienen la obligación de rendir cuentas y no proceder como lo hacen los regímenes autoritarios, sofocando ya sea por la fuerza o por medio de la coacción jurídica -que viene a ser lo mismo-, cualquier manifestación del ciudadano que contradiga a las autoridades.
En Bolivia, el desacato está siendo usado como una coraza frente al pueblo para impedir la transparencia en el manejo de los asuntos públicos. Mientras que los gobernantes tienen todo el derecho de vilipendiar, dictar juicios y aplicar sentencias públicas sobre determinados líderes opositores, pretenden que el pueblo guarde un disciplinado silencio cuando se trata de su investidura. Esta conducta, además de generar cada vez más malestar, fomenta la corrupción y envilece a la democracia.
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