Mi reino por la coca

Cuando se trata de la coca, el presidente Morales se olvida de todo, incluso del eslogan que más repite últimamente: “gobernar obedeciendo al pueblo”. El miércoles dijo en Cochabamba que “quieran o no”, se construirá la carretea Villa Tunari-San Ignacio de Moxos, una ruta que ha sido bautizada en Brasil como la “autopista de la droga” y que es resistida por los indígenas del Parque Isiboro-Sécure, porque según denuncian, la obra permitirá la expansión de los cultivos de coca del Chapare hacia inmensas áreas protegidas y el avasallamiento de sus tierras por parte del sindicato que conduce el Primer Mandatario.

Cuando se trata de la coca, el Gobierno de Evo Morales olvida también que este factor es el que está ocasionando el mayor desprestigio internacional de su “proceso de cambio”, tal como lo revelan numerosos informes de organismos internacionales, que denuncian el desborde de la producción de coca y cocaína en el territorio nacional.

Ahora se sabe con plena certeza, que el deterioro de las relaciones con Chile no tiene nada ver con el tema marítimo, sino con el caso del general Sanabria, cuya detención se produjo gracias a la colaboración de la policía chilena con la DEA norteamericana, la que entregó al ex director antidrogas de Bolivia a la justicia de Estados Unidos, donde se anticipan complicadas revelaciones sobre los vínculos del régimen de Evo Morales con el tráfico de estupefacientes. El cambio del discurso presidencial orientado a mejorar las relaciones con Washington y la reciente entrega de un peligroso narco colombiano, son entendidos como un intento de suavizar el impacto que podría tener en el país el asunto del “narco-general” boliviano.

Por la coca, el Estado Plurinacional de Bolivia ha cambiado por completo su política exterior. Ha abandonado principios y postulados históricos y ha convertido en este tema en la “gran prioridad nacional”, por encima de las exportaciones y del intercambio comercial, de la reivindicación marítima, de los proyectos de integración, de importantes esquemas de cooperación internacional y por supuesto, por encima de tratados multilaterales suscritos por el país hace mucho tiempo. Por la coca, Bolivia ha puesto en duda su participación en la Convención de Viena de la ONU sobre la lucha contra las drogas, lo que podría llevar al país a un estado de proscripción.

Por el “sagrado” asunto de la coca, Bolivia ha abandonado los compromisos asumidos por el mundo entero en contra de las amenazas globales como el narcotráfico, el terrorismo y el lavado de dinero. Recientemente, el organismo Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) ha colocado a Bolivia en una “lista negra” de países cuestionados, por “no haber realizado los proyectos suficientes en sus planes de acción acordados para la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo producto del narcotráfico”. El informe señala que la cocaína es la mayor fuente de blanqueo de recursos en el país.

La mayoría de los bolivianos está convencido que esta política, que indefectiblemente convertirá al país en un “narco-estado”, es el resultado de un populismo barato, de un esquema clientelar que ya tiene anotados casi un millón de ciudadanos, estimación muy conservadora sobre la cantidad de personas en Bolivia que viven del narcotráfico, ya sea de forma directa o indirecta. Sin embargo, hay quienes creen que no se trata de nada improvisado y que resulta de un cálculo muy arriesgado que tiene que ver con la futura legalización de las drogas en el mundo.