En Brasil se ha dado la noticia muy alentadora para la democracia en América Latina, un continente que necesita hacer avances importantes en la lucha contra la impunidad y la corrupción, en la gobernabilidad y sobre todo, en mejorar la justicia.
En estos días se ha conocida la sentencia del “Juicio del Siglo” que mandó al banquillo de los acusados a los principales colaboradores del ex presidente Lula da Silva, quienes han sido declarados culpables del mayor escándalo de corrupción de la historia brasileña.
La Corte Suprema de Justicia pronunció su sentencia contra 25 acusados del denominado “Mensalao”, una cadena de corrupción originada en el entorno del ex presidente brasileño y que tuvo como cerebro principal a José Dirceu, quien fue presidente del Partido de los Trabajadores (PT), jefe de gabinete y brazo derecho del poderoso ex jefe de Estado.
El histórico proceso se ha dado precisamente mientras el PT se mantiene en el poder, lo que demuestra el alto nivel de independencia de poderes que ha conseguido Brasil y sobre todo, la sólida institucionalidad que ha permitido el ejercicio de la justicia en el marco de un sistema político hegemónico que lleva una década en el poder. Desde ya, una situación similar es inimaginable en la mayoría de los países de la región donde todavía impera un caudillismo anacrónico y medieval que arrasa con cualquier intento de consolidación del Estado.
Al partido de Lula Da Silva y a su gobierno le ocurrió lo que le suele suceder a cualquiera que acapara demasiado poder y lo ejerce sin los controles suficientes como para impedir los excesos y la discrecionalidad que se dieron en este caso. José Dirceu, un ex guerrillero de 66 años, fue diseñador de un plan destinado a crear una financiación paralela del PT para pagar las cuentas de campaña y comprar los votos de diputados de partidos aliados en el Congreso. Los políticos cercanos al presidente habían creado una red mafiosa cuyo objetivo fundamental era la perpetuación en el poder.
En la fundamentación de su sentencia, el magistrado Celso de Mello, dijo que “nada es más ofensivo y transgresor que la asociación para delinquir en el núcleo más íntimo y elevado de uno de los poderes de la República. El país ya no soporta tanto desvío”. Su colega, Carlos Ayres Britto, dijo que este caso “ha dejado con las vísceras de la política expuestas ante todos. La sociedad no puede perder la confianza en que el Estado dará la respuesta adecuada ante situaciones como ésta”.
Lula da Silva, quien no figura entre los acusados, ha salido sin embargo, muy tocado políticamente por las consecuencias del Mensalao. De hecho ya decidió que no volverá a ser candidato y seguramente este caso lo obligará a jubilarse. En reiteradas ocasiones ha pedido disculpas por lo ocurrido y ha jurado que jamás se enteró de nada, algo que suena poco creíble, después de conocidos algunos hechos vinculados precisamente a Bolivia.
Insistimos en que esta sentencia es alentadora y en cierta forma, providencial así como Brasil ha tomado la delantera en muchos aspectos, sobre todo en el económico, tiene que liderar también en la profundización de la democracia. Lo que le ha pasado a Lula no solamente es una respuesta a la conducta política que asumió dentro de su país sino también a la actitud con la que enfrentó el florecimiento de las autocracias latinoamericanas que ha estado apoyando decididamente.
No hay comentarios:
Publicar un comentario