Llegó la hora de gobernar

El Gobierno dice haberle declarado la guerra sin cuartel a los “chuteros”, a los “contrabandistas”, a los “dinamiteros” y también a los narcotraficantes, lucha que de ser real, también debería alcanzar a los cocaleros, al menos a los que siembran coca ilegal, que son la inmensa mayoría.

Además de estos sectores, que sin duda alguna comprometen la autoridad estatal, existen muchos otros que conforman la economía informal en el país y que representan más del 70 por ciento de la economía. Muchas de estas actividades son ilegales, pues se relacionan con el contrabando, la evasión fiscal y también con el robo, así de sencillo.

Los bolivianos nos hemos acostumbrado a ser permisivos con estas actividades por “cuestiones sociales” y es comprensible, pues tradicionalmente el Estado bolivianos siempre ha transitado por la cornisa de la mendicidad y nunca han existido los recursos suficientes para encarar verdaderos procesos de “blanqueo” de la economía, con el objetivo de generar crecimiento, competitividad y por supuesto, mejores niveles de desarrollo económico y social.

Pero las condiciones han cambiado radicalmente en la última década. Bolivia, al igual que todos los países productores de materias primas, atraviesan por un momento histórico gracias a la valorización de sus exportaciones, que en el caso boliviano, han generado cinco veces más ingresos que en el pasado reciente.

Si el Gobierno ha decidido “meter caballería” con todos esos sectores señalados por el Ministerio de Gobierno como verdaderas amenazas contra la estabilidad del país, debería contemplar no solo el factor represivo, porque, al igual que en Challapata, Yacuiba o el Chapare, cientos de miles de personas comenzarán a reclamarle al Gobierno alternativas a las fuentes de ingresos que hasta ahora eran generadas por el delito. Sin ese componente, la guerra va a fracasar irremediablemente.

Para tener éxito en la guerra contra el delito, que insistimos, es el medio de vida de buena parte de la población boliviana, el Estado debe volcar cuantiosos recursos en la generación de actividades económicas legales que sean capaces de fomentar empleos dignos, que son sinónimo de seguridad social, estabilidad y por supuesto, ingresos impositivos para un Estado que en este momento se sostiene con una ínfima porción de la economía formal.

Ayer decíamos que combatir del delito, requerirá un cambio radical en el perfil de un Gobierno que se ha estado portando tolerante con ciertas actividades por cuestiones electoralistas y clientelares. Y así como debe hacer un giro en lo político también debe hacerlo en la conducción económica, pues mientras permanezca la mentalidad rentista y se profundice la primarización de las actividades productivas, no se apueste por la industrialización y la diversificación, la tarea será imposible de sobrellevar.

No estamos hablando de sectores minoritarios. Se cree que casi un millón de personas en el país dependen de la economía de la coca y la cocaína, por citar solo uno de los sectores que se pretende atacar. Hará falta mucha creatividad, una voluntad política sostenida dirigida hacia la austeridad y con visión productiva para que quienes hoy son desplazados de la ilegalidad, encuentren adecuados medios de subsistencia.