Operativo en Challapata

El Gobierno se ha dado cuenta que hizo un mal cálculo cuando pensó que el Estado puede convivir de manera armónica con el delito. Cuando era ministro de Educación, Osman Pazti dijo que había que ser tolerantes con el contrabando porque esta es una forma de vida de numerosas comunidades del Altiplano. Años después, cuando se produjo el linchamiento de cuatro policías en el municipio de Uncía, en los territorios que los ayllus potosinos habían declarado zona de protección del tráfico de autos ilegales y otros negocios ilícitos, el vicepresidente pidió actuar con prudencia hacia esos campesinos e incluso recientemente, la presidenta de la Aduana, Marlene Ardaya dijo que no convenía actuar con fuerza contra los "chuteros", porque se podría generar un alto costo social.

Hace mucho que se sabe que San Germán y Yapacaní son territorios controlados por el narcotráfico. En esa zona se han encontrado cientos de fábricas de cocaína en los últimos tres años y en este momento ya no hay duda que comunidades enteras están dedicadas al negocio, situación que ha provocado la queja presidencial, pues se trata de importantes enclaves del oficialismo, donde han surgido numerosos dirigentes que le han ayudado al MAS a copar espacios dentro del departamento de Santa Cruz.

Si el presidente quiere ser exhaustivo, conviene que le eche una mirada a lo que ocurre en las inmediaciones de San Julián, en la reserva del Choré y en otras zonas, donde la política ha establecido una suerte de sociedad con el delito, especialmente con la producción y tráfico de drogas y otras actividades como el contrabando de autos, que en realidad van de la mano.

Hace unos meses, en este mismo espacio hablamos sobre las “fronteras calientes” a propósito de los hechos violentos ocurridos en San Matías, donde al igual que Yacuiba, Puerto Suárez o Challapata, el lugar intervenido el martes por la Policía y las Fuerzas Armadas, los criminales le han ganado terreno al Estado y la política y seguramente están comenzando a prescindir de ella, porque siempre sucede así: es la mafia la que termina gobernando.

Existe la posibilidad de que los delincuentes hayan comenzado a reclamar autonomía, pues quedó claro que la política les aplicaba impuestos, cuando a los “chuteros” se les pidió colaboración para la campaña. La otra hipótesis –que no es excluyente-, es que Bolivia, cuyos políticos siempre han creído que este territorio puede vivir al margen del mundo, se haya convertido en el centro de preocupación continental y que la presión internacional para que el Gobierno deje de ser tolerante y  comience a actuar, haya comenzado a dar sus frutos. La prueba es que el operativo practicado en Challapata, donde hubo dos muertos y actuaron varias instituciones del Estado Plurinacional, coincidió con la tercera gran movilización militar que realiza Brasil en nuestras fronteras, donde  más de 7.500 uniformados permanecerán por dos semanas a la caza de narcotraficantes y contrabandistas de armas.

Tal vez para el Gobierno sea un mal cálculo comenzar a actuar ahora que anda mal en las encuestas y que necesita con urgencia conservar el "voto duro" para elevar las posibilidades electorales cuando se avecinen las elecciones del 2014. Ya sea porque la sociedad con el delito se haya vuelto contraproducente o porque la presión internacional no aguante más dilaciones, queda claro que el perfil político gubernamental cambiará radicalmente y los líderes del proceso de cambio necesitarán nueva alianzas para capear la situación.