La detención en Bolivia del narcotraficante colombiano Fabio Adhemar Andrade, hijo de un capo mafioso del cártel de Cali, ofrece una idea clara e indiscutible de la dimensión que ha adquirido el problema del narcotráfico en el país, que constantemente el Gobierno ha tratado de minimizar y relativizar con argumentos poco creíbles.
Andrade no estaba de paso por Bolivia, como alguna vez se dijo del traficante mexicano "Chapo" Guzmán, sino que tenía fuertes nexos con una red de acopio de pasta base de cocaína en el norte de Santa Cruz, de donde la transportaban al Beni para procesarla y luego exportarla. En poder del colombiano y de su socio boliviano, Ronald Rivera Roca se encontró poderoso armamento usado para la protección y vigilancia de los laboratorios clandestinos.
El padre del detenido, Célimo Andrade Quintero, es un viejo conocido de las autoridades policiales y judiciales del país, donde fue detenido y condenado a prisión en 1992, por sus nexos con una banda que exportaba cuatro toneladas por mes de droga a Colombia y posteriormente a Estados Unidos.
Con todos esos antecedentes, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, no ha tenido más remedio que admitir este domingo que al menos tres cárteles internacionales de la droga mantienen emisarios en el territorio nacional, sin admitir que estas organizaciones se hayan asentado en el territorio. La precisión del dignatario no hace falta pues está claro que las organizaciones internacionales no llegan a ninguna parte a ejercer de simples acopiadores y tal como lo demuestran muchos antecedentes, la mafia colombiana, en este caso, ha introducido en Bolivia sus métodos, nueva tecnología en la fabricación de cocaína y por supuesto, toda su estructura de violencia armada y organización que busca crear zonas de exclusión y protectorado de las actividades ilícitas, un fenómeno que acaba de denunciar claramente la ONU.
Pero más allá de aquellas precisiones y de la insistencia de que en Bolivia no hay cárteles de la droga, es obvio que las autoridades deben incrementar sus esfuerzos por liberar al país del accionar de estos grupos, que amenazan no solo con incrementar la inseguridad, sino también ponen en peligro la soberanía estatal, pues está comprobado que cada vez más zonas en varios departamentos caen en sus garras, reclutan clanes familiares y crean redes de conexión que incluyen estructuras políticas, movimientos sociales y por supuesto, instituciones públicas.
Recientemente la Organización de Estados Americanos (OEA) ha lanzado la advertencia a los países que sufren el flagelo del narcotráfico, que el crimen organizado está comenzando a poner en riesgo la vigencia de la democracia y la soberanía de los estados. Según el organismo, esta es la principal amenaza que sufren hoy los países de América Latina que ya superaron las viejas dictaduras, pero que se enfrentan hoy ante un enemigo mucho más poderoso.
El secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, ha dicho que “es incompatible con las sociedades democráticas la existencia de grupos que operan al margen de la ley, que se rigen por sus propias normas, con sus propias fuerzas y que tienen la posibilidad de tomar para sí terrenos dentro del Estado democrático”. Más claro, agua, sin mencionar que pareciera estar hablando del fenómeno boliviano.
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