El Gobierno ha dicho que va a ser implacable con la exigencia del pago del doble aguinaldo, especialmente con aquellas empresas que dependen del Estado, sin importar la situación en la que se encuentren. “Es la manera de dar el ejemplo”, han expresado, lo que implica una carga mayor para el sector privado, que es en definitiva el que solventa todo con sus impuestos.
En verdad que le vendría muy bien al país que las autoridades cumplan su amenaza de cerrar las empresas estatales que no cumplan con el beneficio, así no solo nos ahorraríamos los sueldos de los trabajadores improductivos, sino toda la aventura del nuevo estatismo nacional, que ha llevado a la creación de decenas de entidades que están ocasionando cuantiosas pérdidas. Es dinero que sale de las contribuciones del reducido sector formal que hace malabarismos para producir y que en este momento se encuentra en una situación desesperada, no solo por el doble aguinaldo.
Y no estamos hablando de los grandes empresarios, a los que el Gobierno aborrece, olvidando que son los principales sustentadores del aparato estatal, sino de otros como los cañeros de la zona de Bermejo, la mayoría de origen campesino y que en los últimos años han sido grandes aliados del oficialismo. Sus dirigentes han amenazado con dedicarse a la producción de coca si la empresa estatal Emapa no les compra toda su producción a precios altos.
Cuando las cosas marchaban bien (hoy el gobierno cuenta con 3.200 millones de dólares menos, según lo reconoce el propio presidente), el Gobierno se portaba “bondadoso” con los cañeros de Bermejo, a quienes les permitía exportar su caña y su azúcar a la Argentina, mientras imponía prohibiciones a los azucareros de Santa Cruz. Esas restricciones, sumadas al intervencionismo estatal ayudaron a deteriorar la industria que hoy se encuentra en graves problemas para enfrentar la crisis. Para colmo de males, el contrabando se ha incrementado y nadie hace los esfuerzos por controlarlo. Y así como sufren los cañeros, también la pasan mal los arroceros, los maiceros, los avicultores, los productores de vino y muchos otros sectores que ven peligrar su futuro y también temen que con la reducción de los ingresos se terminen los subsidios estatales.
Los grandes contribuyentes vienen quejándose desde hace años del acoso impositivo que aplica el Estado para recaudar la mayor cantidad posible, sin escatimar en trámites, multas, fiscalizaciones y todo tipo de acciones que han convertido a Bolivia en uno países con mayor presión tributaria y con las dificultades más grandes para pagar impuestos. Lo curioso fue ver el otro día a los dueños de los denominados “café internet”, cuyos negocios son muy pequeños, marchando y protestando por lo que ellos llaman “terrorismo tributario” gubernamental. El problema es que este movimiento se está agrandando y cobrando fuerza y ahora los microempresarios ya no solo amenazan con no pagar el doble aguinaldo, sino también salirse del esquema de la formalidad.
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