Bolivia y su libertad económica

El socialismo que trataba de impulsar el Gobierno de Evo Morales trastabilló seriamente por las contradicciones que el mismo régimen se encargó de introducir. El “gasolinazo” no fue más que un intento por generar el ambiente favorable para las inversiones petroleras extranjeras, ante el fracaso del modelo nacionalizador; la carretera que amenaza un parque nacional y hábitat de los pueblos indígenas es el impulso a un modelo abiertamente desarrollista que propone expandir la economía avasalladoramente capitalista de los cocaleros y otros sectores que han expresado su desprecio por el medio ambiente.

El socialismo del MAS ha servido para crear empresas estatales de dudosísima contribución productiva, para alentar el irrespeto a la propiedad privada, para incrementar la economía informal y sobre todo, para exacerbar un discurso hostil hacia la inversión extranjera, con encendidas arengas anticapitalistas, incomprensibles después de escuchar las quejas del presidente por la constante huida de los capitales del país. Tampoco se entiende qué tipo de modelo se quiere construir en Bolivia, cuando se sabe que constantemente se organizan misiones al exterior para tratar de convencer a grandes consorcios internacionales sobre las bondades que ofrece el país para invertir.

Pese a todas esas contradicciones y a pesar también de la actitud complaciente de algunos organismos internacionales que elogian el manejo económico del Gobierno boliviano, el mundo de los negocios sabe exactamente lo que está ocurriendo en el país y la conclusión es que Bolivia no ofrece las garantías mínimas a los capitales. Esto se puede ver claramente en el ranking mundial de libertad económica que difunde anualmente el prestigioso diario norteamericano The Wall Street Journal, un verdadero referente mundial de los que buscan dónde depositar sus billetes. En esa lista, Bolivia ocupa el puesto 146 entre 184 países, con un puntaje de 50,2 sobre 100, que indica a las “economías mayormente controladas”, similares a naciones africanas como Sierra Leona, Malawi o Congo.

Para llegar a esta conclusión, los evaluadores miden varios indicadores, como lucha contra la corrupción, libertad fiscal y libertad monetaria, derechos de propiedad, gasto público, libertad comercial, libertad laboral, libertad de comercio internacional, libertad de inversión y libertad financiera, aspectos en los que Bolivia no muestra avances suficientes. Según el informe, los fundamentos de la libertad económica en el país, “están gravemente obstaculizados por problemas estructurales e institucionales, como un sistema judicial cada vez más vulnerable por la interferencia política, una corrupción frecuente y un débil imperio de la ley”.

A los inversionistas les causa temor el aumento de la presencia del estado en la actividad económica ya sea por las nacionalizaciones o por la competencia desleal y también porque las actividades productivas “están cada vez más lejos del libre mercado y la flexibilidad”. Otro de los grandes problemas que señala el informe es la excesiva dependencia de los hidrocarburos y la ausencia de dinamismo, aspectos que se han acentuado durante los últimos seis años. Por último, señala que el marco regulatorio boliviano está cargado de burocracia y la aplicación de regulaciones no es uniforme.

No hay nada que diga este informe que no se haya señalado con insistencia en estos años. La última advertencia la ha lanzado el presidente del Banco Central, Marcelo Zabalaga. Si Bolivia no se abre a las inversiones, en poco tiempo estará condenado a importar casi todo lo que consume, incluidos los alimentos.