El presidente Morales está preparando un viaje que le conviene no
hacer si quiere evitar otro papelón de proporciones, como el que le
propinó la diplomacia internacional a finales del 2010 en Cancún. El
primer mandatario está haciendo maletas para ir a Viena a defender,
junto con varios de sus compañeros, la coca ilegal que se siembra en
el Chapare y en otros lugares del país y que supuestamente pertenecen
al ámbito sagrado y cultural de Bolivia.
Evo Morales ha recibido la advertencia correcta y oportuna, nada menos
que del presidente de la Junta de Fiscalización de Estupefacientes de
la ONU (JIFE), organismo que está organizando un foro mundial sobre
las drogas a mediados de marzo y que el gobierno boliviano quiere usar
como palestra para defender la hoja de coca.
Hamid Ghose, quien estuvo de visita en el país el año pasado, ha hecho
público el último informe sobre la situación del narcotráfico en el
mundo y en el que la comunidad internacional ratifica con mucha
claridad que la lucha contra las drogas, que lleva ya más de cien
años, no va ser tirada por la borda y que seguirá como hasta ahora,
pese a que hay voces, algunas muy vehementes y otras que se expresan
entre bambalinas, que sugieren que se debe legalizar el tráfico y el
consumo de estupefacientes.
Bolivia es mencionada más de 20 veces en ese informe. En primer lugar,
para lamentar el hecho de que Gobierno boliviano haya decidido
retirarse de la Convención de Viena por el rechazo a la prohibición
que existe del masticado de la coca. En segundo lugar, para adelantar
que nuestro país no será readmitido “con reservas”, como pretende
hacerlo la diplomacia nacional. “Si bien la denuncia en sí (sobre la
coca), es técnicamente admisible a tenor de la Convención, va contra
el objeto fundamental y el espíritu de dicho instrumento", subrayó
Hamid Ghodse, quien además, dijo que si la comunidad accediera a la
jugada que busca hacer Bolivia, “la integridad del sistema de
fiscalización internacional de drogas se vería menoscabada y se
pondrían en peligro los logros conseguidos en los últimos 100 años".
En relación a las plantaciones de coca, la JIFE indica que Bolivia es
el único país donde los sembradíos ilegales se han disparado (20%) ya
que en Colombia han bajado en 11 mil hectáreas y en Perú han
experimentado una variación casi insignificante. El organismo expresa
mucha desconfianza sobre la política cocalera de Bolivia, cuando
afirma que tanta defensa de este cultivo puede deberse al incremento
del precio en un 22 por ciento de la coca en los mercados autorizados
y un 37 por ciento en los mercados ilícitos.
La parte más lapidaria para las intenciones del presidente en su viaje
a Viena está en el capítulo 516 del informe, cuando la JIFE pide a la
comunidad internacional aumentar la asistencia a los países de América
del Sur para superar los cultivos ilícitos y advierte con la necesidad
de incrementar los controles sobre la coca ilegal, tarea en la que la
ONU se ha propuesto intervenir. Para la JIFE, no hay duda que el
crecimiento de la coca ilegal en Bolivia, tiene un efecto directo con
la producción de cocaína, cuyo mercado principal se encuentra hoy en
los países del Cono Sur, donde según se indica, la drogadicción ha
aumentado de manera dramática, hecho que repercute en los índices de
criminalidad, que ponen en peligro la cohesión social de algunos
países.
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