Delito, ilegalidad e informalidad

Los sectores que transitan por la ilegalidad y la informalidad siguen ganando terreno en el país, al extremo de que el abultado crecimiento molesta  a los propios ilegales e informales, digamos, los que llegaron primero.  Recientemente la Confederación de Trabajadores Gremiales y Artesanos Minoristas de Bolivia, acusó al Gobierno de promover el aumento del comercio informal en alrededor de 200 mil personas en los últimos cinco años.  “Antes que ingrese don Evo Morales a la Presidencia, los comerciantes minoristas eran alrededor de un millón 300 mil personas, pero ahora tenemos un millón y medio de personas”, dijo el dirigente del sector en un informe publicado en la prensa.

El Gobierno no solo deja de aplicar leyes destinadas a frenar la informalidad, como sucede con la norma que prohíbe desde hace varios años el ingreso y la venta de ropa usada, sino que promulga leyes que incentivan las actividades que se codean con el delito. La ley de amnistía para los autos de contrabando no termina de generar consecuencias negativas para el país. Autoridades de países vecinos le han exigido a la Aduana de Bolivia, devolver ocho mil autos que fueron robados y la respuesta ha sido que solo entregarán 1.400, ya que el resto de los vehículos está circulando normalmente en el territorio nacional, con placa, documentos y todo “legal”.

Y hablando de leyes ilegales (vaya contradicción), el senador del MAS, Isaac Ávalos, ha dicho que la ley que declara intangible al parque Isiboro Sécure es “trucha”, pese a que lleva la firma del presidente Morales. Y no hace falta que lo diga, ya que es el propio jefe de Estado el que promueve la anulación de esa norma a muy pocos meses de su aprobación.

Otra de las recientes ilegalidades “legalizadas” por el presidente está relacionada con la mina Himalaya, tomada e invadida por campesinos desde el 2007. En homenaje al segundo aniversario del Estado Plurinacional, el primer mandatario decidió nacionalizar el predio y entregárselo a quienes durante más de cuatro años han violentado las normas que protegen la propiedad privada y los contratos. Los mineros, especialmente los cooperativistas, que en realidad son informales, se han vuelto muy glotones a la hora de exigirle dádivas al Gobierno, pues no hace mucho éste eximió al sector del pago del IVA, en tanto que una parte de los beneficiados ha advertido que no pagará ni un solo impuesto. Razones no le faltan para hacer ese planteo pues, los cocaleros por ejemplo, uno de los sectores más prósperos del país, se ponen iracundos cada vez que se les habla de contribuir al país.

En Bolivia el delito ha comenzado a recorrer zonas grises. La debilidad del Estado y la tolerancia con ciertos grupos, permite que ocurran hechos insólitos que ya ni siquiera aparecen en las primeras páginas de los diarios. Recientemente, una turba de cocaleros hizo escapar a los policías de Umopar que custodiaban a dos narcotraficantes que habían sido hallados con 16 kilos de cocaína en Ivirgarzama, Chapare. Este hecho sucedió días después de que otros cultivadores de coca en Los Yungas invadieron un cuartel militar y consiguieron que el Gobierno apruebe el retiro de ese puesto de vigilancia destinado a erradicar la coca ilegal.

Recientemente el director nacional de la Administradora Boliviana de Caminos (ABC) propuso elevar el valor de los peajes, de lo contrario no habrá suficiente dinero para mantener las carreteras. Los transportistas han reaccionado furibundos y amenazan con medidas de presión. No hace falta imaginar lo que son capaces de hacer. No hace mucho destruyeron los puestos de peaje en la carretera a La Guardia. Y si las cosas se ponen duras, lo volverían a hacer, pues ellos son también de la idea de que este país sea declarado “tierra de nadie”.