El organismo internacional, que había puesto a Bolivia en una “lista gris”, le dio el derecho a réplica a las autoridades nacionales, que se trasladaron a París a exponer todo lo que había hecho el Gobierno para combatir este delito. Un extenso listado de normas aprobadas por el régimen de Evo Morales no convenció a los expertos, no sólo porque algunas de ellas ni siquiera se cumplen, sino porque a su juicio, no se han adoptado las medidas estratégicas y tampoco se han hecho los avances suficientes para mejorar la situación.
En el tema del lavado de dinero, se observa muy claramente un grave problema que sucede en muchos otros campos. En los últimos años se han lanzado por lo menos nueve leyes, decretos y resoluciones destinados a transparentar el flujo de divisas en el país, pero aun así el país se mantiene en la lista negra que elabora anualmente la GAFI. En otras palabras, una avalancha de leyes no siempre es sinónimo de cambio y tampoco de progreso.
Aunque la lista de países donde no se combate con una fuerza suficiente el lavado de dinero es larga, el presidente de la GAFI, Giancarlo Del Bufalo, citó con especial énfasis a Bolivia y a Cuba. Otras naciones como Irán, Corea del Norte, Venezuela, Nicaragua, Ecuador y Argentina, entre otros, han recibido llamados de atención y recomendaciones para salir de la zona de riesgo.
El Gobierno boliviano, tal como sucede cada vez que se produce alguna evaluación de este tipo, ha reaccionado como si se tratara de un acto de conspiración de la comunidad internacional hacia Bolivia. En un comunicado, el Ministerio de Finanzas, no sólo trata de victimizarse, sino que busca la manera de evadir la responsabilidad, declarando que la decisión de la GAFI es incomprensible. Menos mal que en la misma notificación, las autoridades se han comprometido a seguir trabajando “con la convicción propia que tales conductas ilícitas causan severos daños morales y económicos a los Estados y sus instituciones”.
En primer lugar, el Gobierno debe reconocer que tiene un gran problema para afrontar y que el narcotráfico, otro desafío que no se encara con la suficiente determinación, contribuye a complicar las cosas con el flujo de dinero sucio. Por otro lado, la GAFI no expresa una posición subjetiva ni politizada como trata de hacerlo ver un régimen que precisamente actúa de esa manera, sino que el organismo internacional se basa en normas y estándares internacionales que cualquier país debe cumplir para no caer en la proscripción. En este campo, el sector financiero boliviano tiene mucha experiencia. En su momento, nuestro país fue uno de los adelantados en la aplicación de normas modernas de administración del sector financiero, actitud que debe ser reencauzada para retomar la confiabilidad internacional.
El lavado de dinero complica a la economía legal y a las actividades del Estado. En los últimos años, la inversión extranjera ha caído a límites que ponen en peligro el futuro de rubros estratégicos como la minería y los hidrocarburos. Si el Gobierno de Evo Morales no toma medidas urgentes en materia de seguridad jurídica y en este aspecto puntual, la situación podría agravarse aún más.
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