La destrucción de la industria forestal

Una escandalosa noticia acaba de hacer pública el responsable de la Autoridad de Bosque y Tierras (ABT), Clíver Rocha, aquel que amenazó con meter presos a los chaqueadores y terminó estrellándose contra un par de menonitas y algunos chacareros. El funcionario ha dicho que el año pasado, su repartición incautó casi 30 mil metros cúbicos de madera en troncas y más de 3,2 millones de pies cúbicos de madera en tabla, equivalentes a la carga de 1.400 camiones. Esto, según Rocha, representa el 70 por ciento del contrabando forestal y tres cuartas partes de esas incautaciones se han realizado en el departamento de Santa Cruz.

Toda esta madera, además de los camiones, instalaciones de aserraderos ilegales, equipo pesado y otras herramientas mantienen abarrotados los depósitos de la ABT, donde ya no existe dónde poner un pie, según manifiesta la autoridad.

El cuadro que describe Rocha es muy parecido a lo que sucede con el narcotráfico. Las autoridades del ramo siempre tratan de demostrar gran eficiencia y dedicación a la lucha contra el narcotráfico con abultados números de cocaína incautada y operativos de intervención en fábricas de droga, cuando en realidad, semejantes cantidades, apenas hablan del desborde y el descontrol de una actividad sobre la cual, el Gobierno actúa con una tremenda debilidad. Así como se le pide a la Policía  antidrogas y al Ministerio de Gobierno, la ABT debería dar nombres, arrestados, “peces gordos” y otros datos que ayudarían a precisar los alcances de estos “denodados esfuerzos”.

La comparación entre narcotráfico y contrabando de madera no es gratuita, pues se trata de otra actividad altamente rentable y en la que operan grandes mafias que fueron puestas a raya a mediados de los años 90, a través de una moderna ley forestal, la creación de la Superintendencia del sector y la puesta en marcha de un modelo que dio origen a la cadena productiva de la madera que tenía excelentes perspectivas en un país que posee mayor vocación forestal que agropecuaria.

En 20 años se frenó el contrabando, se consolidaron extensas reservas forestales donde se pusieron en marcha excelentes programas de certificación de bosques de manera de asegurar la explotación perpetua. Los programas posibilitaron también la incorporación de los indígenas a la cadena, con programas de incentivo del desarrollo forestal en los Territorios Comunitarios de Origen (TCO). La madera boliviana dejó de exportarse en troncas o en tablas. Surgieron una infinidad de industrias que le otorgaron valor agregado al sector. Gracias que a que los bosques bolivianos obtuvieron el “sello verde”, se conquistaron mercados en Estados Unidos y Europa, con altos estándares medioambientales.

Todo eso ha desaparecido. En este momento, la industria forestal languidece y está a punto de desaparecer. La mayoría de las concesiones en las reservas de El Choré, Guarayos y otras, han sido invadidas por colonos que responden a órdenes del oficialismo. Ha vuelto la práctica del “cuartoneo”, los cocaleros queman los árboles para sembrar su producto, los invasores destruyen todo y lo convierten en carbón o venden las troncas a los traficantes que operan en aserradores ilegales. La destrucción se ha apoderado de nuestros bosques y lo mismo ocurrirá con los parques naturales como el Tipnis si no se actúa a tiempo. Controlar los bosques no es sinónimo de poner una tranca en el camino para detener a los camiones. Se trata de atender todo el circuito que lamentablemente ha sido dejado a la de Dios por cuestiones políticas.