El "infierno" de los opositores

El gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, ha confesado que su vida está comenzando a parecerse a un infierno. Y no es por nada. En este momento, la lista de juicios en su contra está llegando a 17, se encuentra arraigado y sin posibilidad de disponer de sus bienes, ya que la Fiscalía del Distrito los ha puesto a resguardo, previendo que la autoridad departamental deba pagar una deuda de más de 10 millones de bolivianos, que supuestamente malversó cuando cooperó en la organización del referéndum autonómico de mayo del 2008.
 
Costas dice que seguirá acudiendo a todas las audiencias judiciales a las que es convocado y que responderá por todos los procesos que le siguen, entre otros, el vicepresidente del Estado Plurinacional, Álvaro García Linera, quien lo acusa de desacato, por algunas declaraciones que hizo Costas hace un tiempo. El gobernador pretende mostrarse animado por esto que llama persecución política, pero él mismo se encarga de pronosticar que para diciembre tal vez ya esté derrocado, como sucedió con sus colegas de Tarija y Beni, Mario Cossío y Ernesto Suárez respectivamente.
 
En la misma situación de Costas se encuentran decenas de líderes cívicos, autoridades municipales, dirigentes sindicales y cientos de opositores, muchos de los cuales han salido del país o están detenidos, como sucede con el exprefecto de Pando, Leopoldo Fernández, detenido ilegalmente, puesto que no se siguieron los procedimientos que ordenaba la ley y las autoridades desconocieron una orden de la Corte Suprema de Justicia. Recientemente se llegó al extremo de arrestar a una senadora, violentando la inmunidad parlamentaria y otros dos están con las “barbas en remojo”, debidamente notificados por la justicia.
 
Hay otros casos insólitos, como el arresto domiciliario del expresidente del Banco Central, Juan Antonio Morales, un economista y servidor público de probada honestidad que, sin embargo, fue víctima de un ensañamiento pocas veces visto en la historia jurídica boliviana. Durante meses, los familiares de Morales estuvieron insistiendo en vano que justicia  levante la orden de detención y sólo pedían que se le permita trabajar, ya que pese a su avanzada edad, el exfuncionario todavía necesita generar ingresos para mantenerse. Curiosamente, la acusación que le hace el Estado es “enriquecimiento ilícito”.
 
Lo que sucede en Bolivia con la administración de justicia ha sido motivo de preocupación de la Organización de Naciones Unidas (ONU), que recientemente emitió un informe pidiéndole al Gobierno boliviano que respete los derechos humanos, no manipule la justicia y que se asegure de tratar con imparcialidad y transparencia a los opositores, porque de esa manera va a conseguir el respeto de la ciudadanía.
 
Este informe llega apenas unos días después de otro resumen presentado por el Departamento de Inteligencia de Estados Unidos, organismo que alertó sobre el deterioro de la democracia en Bolivia y otros países y donde observa un pronunciado aumento del autoritarismo. En el primer caso, el presidente Morales le ha respondido a la ONU que en Bolivia no hay persecución política y sobre el segundo despacho, dijo sentirse orgulloso de que desde Washington lo califiquen de autoritario.