21 años y nada ha cambiado

Los indígenas del oriente boliviano han retomado la marcha de más 21 años
después de aquella epopeya de 1990 que dio origen al denominado
“proceso de cambio”, del que surgieron la Asamblea Constituyente, la
urgencia de la inclusión social y que, entro otros acontecimientos,
parió la “agenda de octubre” y dio a luz al liderazgo de Evo Morales,
al que le dotó de plataforma, discurso y de una causa mucho más digna
y legítima que la mera defensa de la coca, el único motor que había
inspirado la lucha del líder sindical, que luego se convertiría en
presidente, gracias precisamente a todo ese bagaje surgido en las
tierras bajas.
Lo lamentable es que la marcha de los indígenas, que se propone
recorrer más de 500 kiómetros entre Trinidad y La Paz, tiene
exactamente los mismos móviles que los llevó a los caminos en 1990: la
defensa de su dignidad y de sus territorios, amenazados por la
destrucción que los dejaría sin hábitat y condenados por siempre a una
vida miserable.
Obviamente, es mucho más triste para los propios originarios, que sea
justamente un Gobierno que se subió sobre sus hombros, que se hizo
llamar indigenista y que a nombre de los ellos trastocó todo el
esquema normativo e institucional de Bolivia, el que recurre a las
mismas actitudes que los relegaron de la vida nacional desde el
nacimiento de la república. Y lo hace dominado por la misma motivación
excluyente y sectaria que se propone apoderarse de los recursos de
todos para beneficiar a un grupo, que además trae consigo el peligro
de entregar el país a las mafias del narcotráfico que ya tienen
controladas varias regiones, territorios y comunidades. Este
importante detalle le otorga a la marcha indígena una cuota aún mayor
de dignidad y por eso mismo es que se ha ganado no sólo el apoyo de
otros grupos de campesinos del occidente, cada vez más alejados del
oficialismo, sino también del conjunto de la opinión pública nacional.
La reacción del régimen de Evo Morales no difiere en nada de las
peores conductas políticas que tanto ha criticado. En primer lugar,
desconoce las leyes, pretende ignorar los derechos adquiridos por los
indígenas, consignados en la Constitución Política del Estado; los
agentes gubernamentales han intentado por todos los medios
deslegitimar la protesta de los originarios, los han llamado traidores
y los han estado acusando de servir a intereses oscuros y por último,
se burlan de ellos con amagues de diálogo que simplemente buscan ganar
tiempo y desgastar la causa de los originarios para arremeter con
decisiones ya tomadas por el Estado Plurinacional, de espaldas a la
ley y sin tomar en cuenta las demandas de los que están directamente
involucrados.
No es casual que, de forma simultánea a la marcha organizada por la
CIDOB, hayan proliferado numerosos conflictos que tienen prácticamente
convulsionados a los ocho departamentos. Uno de los más significativos
es el paro en El Alto, la ciudad que puso los muertos en la lucha que
terminó encumbrando a Evo Morales; el otro transcurre en Potosí, la
región que sigue representando la gran paradoja boliviana del “mendigo
sentado en la silla de oro” y que el proceso de cambio no ha
conseguido revertir en lo más mínimo.
No hay duda que la marcha de los indígenas se constituirá, desde el
punto de vista social y político, en el punto de inflexión en el
Gobierno de Evo Morales, encaminado indefectiblemente a repetir viejos
errores y a reproducir esquemas fracasados en la administración del
país. Desde la óptica económica, el gasolinazo fue el que determinó el
gran viraje. El presidente ya advirtió del peligro que eso implica y
por eso es que ha invocado la concurrencia de los militares para
apuntalar su régimen.