Cacería de brujas

Mientras un alcalde oficialista vinculado con el narcotráfico obtiene
la indulgencia de la justicia plurinacional, los jefes de los 357
municipios del país están con miedo a ejecutar obras en sus distritos
por temor a ser encarcelados por acusaciones de corrupción, al amparo
de la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz, una norma que es usada por el
régimen para apuntar la persecución política en lugar de promover la
transparencia. La mayoría de las denuncias que han llevado a muchos
funcionarios a la cárcel o a perder el mandato obtenido en las urnas,
no pasan de ser meras infracciones que pudieron ser corregidas
mediante procesos administrativos, en lugar de recurrir a la
criminalización de la administración pública. De esa forma fue que
tumbaron a los alcaldes de Potosí y de Sucre y estuvieron a punto de
defenestrar a la alcaldesa de Oruro. El temor a que eso mismo les
pueda ocurrir, trae como consecuencia el estancamiento de los
municipios, cuya ejecución presupuestaria apenas sobrepasa el 17 por
ciento en promedio. Lo peor es que, mientras se ejecuta esta cacería
de brujas en las alcaldías opositoras, la corrupción sigue floreciendo
en el bando oficialista. Lo acaba de admitir el gobernador masista de
Potosí.