El Gobierno ha planteado comprar la coca excedentaria que se destina a la producción de cocaína. Eso equivaldría a subvencionar a quienes están produciendo materia prima para el narcotráfico. La plata para comprar toda esa coca tendría que salir de los impuestos o de las reservas acumuladas en el Banco Central, dinero que proviene de la economía legal, es decir de las exportaciones de minerales, de hidrocarburos, de soya y de otros productos que no gozan de tanta protección jurídica como ocurre con la coca, que además de ser candidata a convertirse en una inmensa carga financiera para el país, está destrozando la imagen del régimen de Evo Morales en todo el mundo. Los mineros, los agropecuarios y los petroleros (privados) tienen que soportar la seca y la meca para producir en este país. Sufren chantajes, invasiones, prohibiciones, franjas de precios y toda una serie de inconvenientes para apuntalar un Estado Plurinacional que los trata como a delincuentes. Ahora pretende que la economía legal sea la que también le dé un refuerzo a los ilegales, porque resulta que éstos se han pasado de la raya en sus asuntos y no hay cómo ponerles freno.
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