El futuro de La justicia

Los candidatos que aspiran a convertirse en autoridades judiciales después de las elecciones del 16 de octubre habrán temblado cuando el presidente Morales afirmó que el Gobierno, es decir, el MAS, ganará con el 60 o 70 por ciento en las ciudades y con el 100 por ciento en el área rural. Los jueces y magistrados que se declararen vencedores ese día ya saben para quién trabajan y las consecuencias que ello implica.

Últimamente han estado metiendo presos al troche y moche a jueces por supuestos casos de corrupción. Las evidencias indican que en realidad fueron medidas disciplinarias aplicadas por el régimen contra aquellos administradores de justicia que se apartaron de las “directrices plurinacionales” ¿Qué va a pasar después de las elecciones? El presidente lo ha dicho claramente, ya no hay ninguna duda que se trata de “sus jueces”, “sus magistrados”, su “nuevo sindicato” que deberá actuar con la misma consecuencia y conducta que los miembros de la Asamblea Legislativa.

Los movimientos sociales afines al oficialismo están impulsando el voto consigna. Los candidatos del MAS ya fueron identificados por la Asamblea Legislativa y el Tribunal Supremo Electoral se han encargado de numerarlos para facilitar la identificación. Es más, hay sugerencias para que el sufragio se realice en grupo, de tal manera de hacer un trabajo de control y cuando menos de direccionamiento del voto. Con todo eso, a los elegidos no les quedará modo de zafar de la enorme presión política que van soportar cuando tengan que administrar justicia. Además de la amenaza de la cárcel, que ya es un hecho ¿qué más les van a hacer? ¿los van a cercar? ¿los van a bloquear cada vez que tengan que dictar una sentencia? Esos han sido los métodos de la “democracia participativa” y “control social” que ha impuesto “el cambio”. Ahora también se aplicará a la justicia, no hay ninguna duda.

El presidente habla con una absoluta seguridad de un triunfo aplastante el 16 de octubre. Obviamente lo hace porque sabe que las reglas ilegales e inconstitucionales aplicadas para la selección y elección de los candidatos fueron diseñadas para consolidar la plena cooptación del Órgano Judicial. Su afirmación deja en claro que las nuevas autoridades, que además, serán las encargadas de designar hasta el último juez de instancia de cada una de las cortes distritales, se deben a él y por supuesto, a todo el esquema de dominación política del oficialismo que tiene como base la persecución, la eliminación de las libertades ciudadanas y la instrumentalización de la justicia para apuntalar la hegemonía.

Para qué se va a discutir sobre el tremendo daño que todo este proceso le ocasionará a la democracia y al estado de derecho. El problema más grave será para las nuevas autoridades judiciales, que pasarán a ser los nuevos sabuesos del régimen, los operadores del control político, tal como lo fueron los esbirros y paramilitares durante las épocas dictatoriales y como lo son ahora los fiscales, que dicho sea de paso, han comenzado a convertirse en víctimas de la propia enajenación de la función que ejercen. Conflictos de intereses, corrupción y evidentes casos de “chivos expiatorios” han ocasionado una grave crisis de fiscales. 50 de ellos están siendo procesados y varias decenas han renunciado, acobardados por el manoseo. Los actuales candidatos deben tener la seguridad que el mismo futuro les espera, lo que lleva a afirmar que todo este proceso, definido como histórico e inédito por el Gobierno, tendrá muy corta vida.