El 2012 que nos espera

Las encuestas siguen mostrando el proceso de deterioro de la imagen del presidente Morales, quien comienza a mostrar señales de desesperación para recuperar la credibilidad que se le esfumó en el año que termina. Un sondeo publicado recientemente muestra cómo su popularidad ha caído a la mitad en los últimos dos años y los pronósticos indican que el deterioro podría acentuarse en la próxima gestión, ya que todas las cartas políticas que pretendía jugar el MAS para el 2012 se le han quemado en la “boca del horno”.

En los primeros días del año que viene, el Estado Plurinacional pondrá en marcha el nuevo aparato judicial surgido de las elecciones del 16 de octubre, en las que los votos nulos y blancos resultaron ganadores. La aureola de cambio y transformación en la administración de justicia con la que el oficialismo pretendía lanzar su reforma, se ha
convertido en un nuevo gesto de manipulación y socavamiento del sistema democrático que la población ha rechazado de manera contundente.

Para el mes de enero, el Gobierno espera contar con una nueva agenda nacional que encamine su administración hacia el futuro, después de un año lleno de tropiezos. Luego del “Anulazo” de octubre y de la derrota que le propiciaron los indígenas del TIPNIS, el presidente Morales intentó disimular el mazazo con la puesta en marcha de una cumbre destinada a elaborar una nueva lista de prioridades, tras considerar que la famosa “Agenda de Octubre” ya se había cumplido. El fracaso de esta iniciativa es por todos conocido y el único saldo en limpio que le pasaron al primer mandatario los sindicatos que se reunieron alrededor suyo fue “más coca” y “más autocracia”, algo en lo que el oficialismo ha demostrado gran eficiencia, pero precisamente son los factores que le han restado el apoyo de la ciudadanía.

Antes de cerrar el año se han producido dos eventos políticos de gran significación. Uno de ellos viene a marcar la tendencia elegida por el MAS para garantizar su continuidad en el poder, único elemento que parece importarle en este momento a los operadores del régimen. El derrocamiento del gobernador del Beni, Ernesto Suárez, ha sido la demostración más clara de que el Gobierno está dispuesto a cumplir sus objetivos al margen de cualquier circunstancia social, económica o política que debería obligar a cualquier administración democrática a reconducir sus pasos. El próximo zarpazo que venga a consolidar el totalitarismo masista podría llegar con la destitución de Rubén Costas en Santa Cruz, una movida que está en agenda desde hace meses.

Y resulta obvio, que con el nuevo Poder Judicial funcionando a pleno y en plena obsecuencia con el régimen oficialista, los mecanismos de persecución política y de limitación de las libertades ciudadanas se van multiplicar. La meta trazada es anular por completo a todos los líderes opositores que tengan la opción de levantar cabeza y que le puedan disputar el liderazgo a Evo Morales para el 2014. En este momento, nueve de esos dirigentes políticos tienen alrededor de 60 procesos judiciales en su contra, una barbaridad que solo se puede entender en dictadura.

La destitución de Suárez en el Beni, ha demostrado también que el MAS está dispuesto a jugar a los pactos políticos a la antigua con tal de salirse con la suya y nadie mejor que los viejos políticos tradicionales para consolidar los contubernios. La gran ventaja es que la ciudadanía sigue esperando el verdadero cambio y eso lo demostró tanto en Sucre como en Quillacollo.