Villegas acaba de presentar un plan de inversiones para la década 2011-2020, que supone una inversión de más de 1.800 millones de dólares en el rubro de la exploración. En realidad, esa es una cifra que el país viene necesitando desde hace mucho y justamente porque ese dinero fue ahuyentado por el Gobierno del MAS es que la producción hidrocarburífera cayó en Bolivia, obligándonos a importar gasolina, más diesel y GLP.
El Gobierno se ha convencido que la plata no llega con amenazas ni con presiones a las petroleras, empresas que tampoco saben de apegos personales, colores políticos ni poses patrioteras. En su plan, YPFB les ha prometido a las compañías extranjeras, devolverles su inversión en caso de que encuentren grandes reservorios y, cuando se acumule una deuda con las empresas, el monto sería actualizado de acuerdo al porcentaje de inflación de Estados Unidos.
Pero aún hay más. Los expertos en hidrocarburos aseguran que el Gobierno les habría prometido a las petroleras la posibilidad de pagarles el barril de petróleo al precio internacional, a través de la creación de un fondo estatal de mil millones de dólares. Esta sería la alternativa de las autoridades, ante el fallido intento de decretar un nuevo gasolinazo.
La tercera ventaja hacia las petroleras ya estaría en marcha, lo que explica en parte, el reciente aumento de la actividad. Según calculan los entendidos en hidrocarburos, las compañías ya no están pagando el 82 por ciento en impuestos, como lo estipulaban los contratos que el régimen del MAS obligó a las petroleras a firmar, sino una cifra cercana al 50 por ciento.
El último ofrecimiento gubernamental pasa por la eliminación de una “barrera” que el “proceso de cambio” creó para las petroleras y para todo proyecto de explotación de los recursos naturales. El Gobierno les ha dicho a las transnacionales que los indígenas ya no serán un estorbo cuando ellas quieran intervenir en los territorios de los pueblos originarios y a éstos les ha pedido expresamente que dejen de chantajear a las empresas con exigencias que no se pueden cumplir y que frenan el progreso del país. Esas son palabras que reiteradamente ha usado el presidente Morales y que viene repitiendo también el presidente de YPFB.
No hay duda que todas estas políticas constituyen un nuevo proceso de capitalización que podría acontecer precisamente durante un Gobierno que se hace llamar socialista. Gonzalo Sánchez de Lozada consiguió, mediante este mecanismo, una lluvia de capitales nunca vista en el sector, en el que ya se habían producido dos nacionalizaciones. Costó muchísimo recuperar la credibilidad, crear el ambiente que le ofrezca las garantías a los inversionistas. Evo Morales se encargó de destruir todo lo que se había logrado en una década de trabajo. Veremos qué capacidad de convencimiento tiene.
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