Espantosa informalidad

Ningún otro factor atenta con mayor ímpetu contra el Estado boliviano que la informalidad, pariente cercana de la ilegalidad, del contrabando, de la marginalidad y de tantos otros males que encaminan al país hacia su desintegración como entidad de derecho. Y lo paradójico es que, cuando el “proceso de cambio” supuestamente pretendía consolidar un “Estado Integral”, concebido para sentar presencia en todos ámbitos del país y en todos los rincones del territorio nacional, la verdadera construcción del régimen de Evo Morales ha sido una espantosa informalidad que acaba de alcanzar el 80 por ciento del total de la economía boliviana, con un crecimiento del 15 por ciento en la gestión 2011 respecto del año anterior.    

Este dato muestra que los bolivianos son más enemigos que antes de pagar impuestos, que hay mayor cantidad de personas sin beneficios sociales como la cobertura de salud y el derecho a una jubilación; es una prueba clara de que hay mayor contrabando, más gente trabajando en condiciones inseguras e insalubres, produciendo alimentos sin control sanitario o diferentes artículos que no han sido inspeccionados por una autoridad competente. La informalidad es un obstáculo para el crecimiento, porque limita las exportaciones, frena el acceso al crédito y limita la competitividad. 

La informalidad debilita al Estado. Si son cada vez menos las actividades económicas que tributan y contribuyen al erario público, es cada vez menor la capacidad para invertir en obras públicas, en escuelas, hospitales y carreteras. La evasión en Bolivia no inhibe a muchos sectores a exigirle (vía bloqueo y otras formas de protesta) respuestas a un Gobierno que se ha dedicado a promover la informalidad. No sería extraño entonces, que ese crecimiento del 15 por ciento sea el resultado del hastío del otro sector de la población que siente el peso de esa ecuación perversa que ha sido alentada desde el populismo, que se declaró enemigo de las empresas y de la producción legalmente establecida, a la que cada día acosa con toda clase de cargas laborales e impositivas. 

El peor afectado por la informalidad, sin embargo, es el trabajador. Miles de empleos perdidos por culpa del comercio ilegal de la ropa usada. La falsa guerra hacia el contrabando ha acabado con una gran cantidad de empresas pequeñas y grandes que han perdido competitividad y también sus mercados. Cuando la producción y las empresas son informales, el empleo es precario, no goza de un mínimo de seguridad ni estabilidad. El salario es ínfimo y eso genera, otra vez, una sobrecarga para el Estado.

No es casualidad que el porcentaje de la precariedad del empleo y el que corresponde a la informalidad sean casi idénticos. Según el CEDLA, el 85 por ciento de las personas en Bolivia tienen trabajos eventuales, a contrato, plazo fijo y otras formas de contratación que no garantizan la continuidad laboral. En otras palabras, la mayoría vive “al día”, sin posibilidades de proyectar su futuro y el de su familia, pues los ingresos que generan están por debajo de los valores de la canasta familiar. 

No hay duda de que el presidente Morales, como líder de uno de los sectores de la informalidad e ilegalidad que más ha crecido en los últimos años, se ha convertido en el acicate para que prolifere y se extienda este grave problema que amenaza no solo a su Gobierno sino también a la existencia del propio país.