En 1904, Bolivia cedió voluntariamente mediante un tratado, el territorio que le fue arrebatado con las armas. Desde aquella vez ha realizado muchos intentos por llegar a un acuerdo con Chile para recuperar la cualidad marítima. Pese a que las élites gobernantes bolivianas nunca mantuvieron una política clara y definida al respecto, los chilenos jamás han pronunciado la última palabra en el diferendo marítimo ya que la comunidad internacional siempre ha sido favorable a un entendimiento entre ambos países, que favorezca por supuesto a la nación cuyo territorio fue mutilado como consecuencia de una guerra injusta.
En los primeros cinco años del Gobierno de Evo Morales se hizo un gran esfuerzo por avanzar en el diálogo y todo parecía indicar que se llegaría a un acuerdo. Chile nunca ha sido favorable a devolverle la soberanía del Litoral a Bolivia, pero aún así comenzaba a gestarse un consenso sobre la necesidad de darle una satisfacción a los bolivianos.
Durante todo el periodo señalado, el mundo fue testigo de un proceso de “construcción de confianzas” entre bolivianos y chilenos y cuando las circunstancias anticipaban la llegada de un acuerdo final, el presidente Morales pateó el tablero de las negociaciones, se interrumpió el diálogo y denunció públicamente que durante casi un lustro había sido engañado por la diplomacia chilena. El acercamiento logrado se derrumbó y retornó la hostilidad que ha caracterizado a la relación de Bolivia y Chile.
El cambio de rumbo y el rompimiento unilateral del diálogo que propició el presidente Morales, coincidió con el inicio de un periodo de crisis política de su Gobierno que no ha hecho más que acentuarse a lo largo del año que termina. Volvió a encenderse el tradicional discurso “antichileno” propio de muchos regímenes bolivianos que desde 1879 han usado este recurso como maniobra para tratar de cohesionar a la población en momentos de inestabilidad y para esconder las señales de debilidad.
La conducta de Gobierno del MAS, como en todas las cosas que hace, ha comenzado a transitar por rutas de un marcado radicalismo en el tema marítimo. Después de aquel discurso desafiante del 23 de marzo, el primer mandatario decidió crear una repartición gubernamental con la misión de definir una estrategia jurídico-diplomática para encarar el tema marítimo. En las primeras escaramuzas no le fue nada bien a Bolivia y eso se vio claramente en la asamblea de la OEA de El Salvador y en sucesivas citas internacionales, donde la demanda boliviana ha sido prácticamente ignorada.
Pero cuando todo parecía indicar que el gobierno boliviano había retrocedido en su intento de llevar a Chile a los estrados judiciales internacionales, el presidente ha vuelto insistir en su estrategia anunciada hace ocho meses. Esta vez, el Gobierno parece decidido a todo y antes de cerrar la gestión más complicada desde que Evo Morales llegó al poder, ha anunciado la contratación de expertos juristas argentinos y españoles para llevar el diferendo marítimo a La Haya.
La movida es muy arriesgada. De darse un fallo, este podría ser definitivo y es obvio que dentro de las posibilidades –y son muy grandes-, existe el riesgo de que Chile salga favorecido, pues tiene a su favor la vigencia de un tratado que fue firmado por el Estado boliviano. Evo Morales, quien alguna vez soñó con convertirse en el presidente que le devolvería el mar a los bolivianos, podría pasar a la historia como el que sepultó para siempre este anhelo.
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