Quién podría pensar que este discurso llega apenas unos días después de que el presidente Morales les dijo a los dirigentes de los pueblos originarios, que las autonomías indígenas no sirven para nada y que el Gobierno central podrá arremeter cada vez que quiera explotar los recursos naturales que supuestamente les pertenecen a esas etnias, según lo establece la Constitución Política del Estado.
García Linera tiene la osadía de lanzar ese discurso después de la salvajada que cometió el Gobierno “indigenista” contra los marchistas del Tipnis, sin duda alguna, una de las peores humillaciones que se hayan cometido en Bolivia contra los pueblos nativos en 186 años de vida republicana. Suena menos creíble todavía, cuando justamente hoy el oficialismo promueve una marcha, con el apoyo de helicópteros y todo, para retomar el proyecto de construcción de la carretera que supondrá la destrucción del hábitat de las que son consideradas “naciones” yuracaré y mojeña.
Las palabras del gran ideólogo gubernamental obedecen a un nuevo intento por retomar el discurso indigenista, cuya falsedad quedó en evidencia este año. El primer objetivo, por supuesto, es tratar de reinyectar en el indígena los sentimientos de odio y rencor hacia el “hombre blanco” y por otro lado, rediseñar una nueva estrategia política sobre la base del “etnicismo”, que en definitiva, no es otra cosa que racismo en la expresión más espuria del término, lo que equipara a este régimen con todos aquellos sistemas que utilizaron el odio racial como forma de imponer una hegemonía de procedimientos y fines totalmente oscuros.
La nueva táctica ha mostrado sus primeros tentáculos a través de una extravagante propuesta surgida recientemente a propósito del Censo que posiblemente se lleve a cabo en el próximo año. Recordemos que fue a partir de la encuesta censal del 2002, con la famosa pregunta sobre el origen étnico de los habitantes, que el MAS, o mejor dicho sus ideólogos de mente aventurera, establecieron las bases del rebrote indigenista en el país, con un 66 por ciento de población supuestamente originaria y la existencia de 36 naciones nativas reconocidas por la Constitución, con amplios derechos que justamente ahora son desconocidos por el Gobierno.
¿Qué se propone ahora? Resulta que en la lista de preguntas que pretende realizar el Gobierno a través del censo 2012, ya no serán 36, sino 55 las etnias con las cuales el encuestado podrá identificarse, sin la opción, por supuesto, de autocalificarse como mestizo, una categoría que atenta contra la nomenclatura racista gubernamental. Es obvio que no existe tal cantidad de grupos originarios en el país, pero eso qué puede importar cuando el oficialismo ha demostrado tener una gran habilidad para manipular el componente racial y cultural del país, a través de inventos como “yuracaré-mojeño”, los dichosos grupos “interculturales” y otra dimensión que todavía no ha utilizado en toda su amplitud: “indígena-originario-campesino”.
Semejante “dañinera” tiene el objetivo de introducir el germen de la división dentro de los grupos étnicos del oriente boliviano para terminar de “aymarizar” y “cocalizar” el país, lo que presupone la destrucción del modo de vida y un entorno cuya punta de lanza se encuentra en el parque Isiboro-Sécure.
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