El presidente Morales le otorgó plenos poderes a los delegados que asistieron en Cochabamba a la Cumbre Social, para discutir como caballos cocheros, una agenda absolutamente digitada por el oficialismo, que ahora se dispone a mandar a la Asamblea Legislativa, un paquete de 44 o 51 leyes, cuyos contenidos supuestamente son el resultado de esos tres días de discusión.
No hay duda que se trata de repetir una estrategia política fracasada, que ha distorsionado por completo los ideales de cambio que capitalizó Evo Morales hace seis años y que los dilapidó, primero en la Asamblea Constituyente y después, con una Asamblea Legislativa absolutamente dominada por el MAS, pero que no ha conseguido estructurar las acciones que la población ha estado esperando desde la recuperación de la democracia, como la lucha contra la pobreza y la desigualdad, el camino hacia el desarrollo y avances en la transparencia, entre muchos otros temas.
Este proceso de cambio adolece del mal llamado “hiperlegislación”. Tenemos una Constitución aprobada a sangre y fuego, repetidamente violada por sus impulsores. El Estado de Derecho, la institucionalidad y el sistema democrático han sido aniquilados por el MAS, que ahora pretende hacer creer que con otra andanada de normas redactadas a la rápida (si es que no estaban elaboradas de antemano como ha sucedido siempre) va a conseguir recuperar la credibilidad perdida.
La cumbre, las leyes y todo lo que se ha discutido significan muy poco para el MAS en términos de la configuración de una agenda o por lo menos, para el diseño de las futuras políticas sociales o económicas. Está demostrado que el Gobierno carece de plan, no tiene la gente para ejecutar acciones serias orientadas hacia el bien común y lo único que le interesa es consolidar su hegemonía a través de una estrategia que precisamente busca destruir la democracia, institucionalizar la persecución y cercenar las libertades ciudadanas.
Justamente, uno de los temas más recurrentes durante la cumbre ha sido el de la comunicación social, mejor dicho, el de la búsqueda de nuevos y efectivos mecanismos para limitar el ejercicio de la libertad de expresión. Hace mucho que el Gobierno está interesado en aprobar una norma mucho más estricta que las ya redactas y que ha puesto en vigencia, para terminar de una vez por todas con el pluralismo informativo e imponer la voz única y unilateral, como corresponde a un régimen autocrático que persigue el monopolio del poder.
Es posible que de aquí a poco, los agentes del Gobierno sorprendan a todos con un rosario de leyes de toda índole, algunas con muy buenas intenciones, como muchas de las que ha creado en estos seis años y que no han conducido a nada. Las únicas normas que verdaderamente le interesan a este régimen y que las hace funcionar como un reloj, son aquellas que han sido fabricadas para institucionalizar la persecución política y defenestrar a los líderes opositores, como acaba de suceder en el Beni con el derrocamiento del Gobernador, el tercero golpe de esta índole que se da desde el 2008.
Otro de los puntos que va camino a fortalecerse por la vía de la legislación es el de la coca. El régimen insiste en convertir a Bolivia en un estado con mayor apertura hacia los cultivos ilegales, lo que en otras palabras significa consolidar una estructura de dominio de los narcotraficantes. El resto de los bolivianos, los otros problemas, las viejas deudas pendientes de la república tienen que conformarse con más leyes huecas y discursos vacíos.
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