No es la cantidad de bloqueos lo que debería preocuparnos, esa no es ninguna novedad, sino el país que se está construyendo o lo que quedará de él de aquí a unos años, con la emergencia de los nuevos movimientos sociales que cada día cobran mayor protagonismo en Bolivia.
A veces puede sonar exagerada la comparación de lo que está sucediendo en Bolivia con lo ocurrido en Somalia, donde todo ha quedado en manos de delincuentes, ladrones y piratas que sustituyeron al desaparecido Estado y sus leyes. Pero no es así, pues indefectiblemente, lo que queda de esta república va camino a la destrucción definitiva, proceso que terminará por engullirse también a los promotores de este caos que ya les está costando mucho trabajo controlar.
¿Quiénes son los que bloquean los caminos y paralizan la producción legal en este país? Los cocaleros que se pelean por controlar Yapacaní, una de las tantas áreas de expansión de los cultivos de coca y de proliferación del narcotráfico; los mototaxistas que buscan perpetuar la ilegalidad de sus vehículos y que consiguen que el Gobierno arroje al basurero una norma que se aplica a los legales y que sirve para clausurar surtidores que pagan impuestos y tienen todo en regla; los que sacan ilegalmente el ripio y la arena de los ríos y que además de evadir impuestos, quieren seguir destruyendo las carreteras con el sobrepeso de sus camiones y de yapa, pagar migajas en las trancas del peaje; los contrabandistas de autos, que siguen presionando para que el Gobierno amplíe el plazo de nacionalización y que rebaje también los impuestos aduaneros.
¿Quiénes serán los grandes protagonistas de la cumbre social convocada por el Gobierno? Se han anotado más de 300 delegados de la Coordinadora Nacional para el Cambio (Conalcam), cuyo líder, el senador Fidel Surco, es un conspicuo violador de las normas de tránsito, ha sido denunciado por abandono de hogar y que además, fue uno de los impulsores de la ley de amnistía para los autos de contrabando, muchos de los cuales habían sido robados en los países vecinos; los cocaleros, que también acudirán en masa a hacer propuestas sobre la conducción del país, pero sobre todo, para defender la idea de destruir el parque Isidoro-Sécure, para ampliar la frontera de los cultivos de coca en el país, lo que automáticamente implica mayor producción de cocaína. Paradójicamente, de narcotráfico no se va a hablar en la cumbre y ahí estarán el presidente y su sindicato para encargarse de que se cumpla el veto al polémico tema.
Recientemente hicieron llegar su solicitud para ser incluidos en la lista de asistentes a la reunión, los dirigentes de comercializadores de ropa usada, negocio declarado ilegal hace más de tres años, pero que sigue operando con absoluta normalidad.
Al Gobierno no parece preocuparle el destino del país que está construyendo. Las autoridades siguen de farra y organizan una nueva fiesta simplemente para que los sectores sociales más fieles al “proceso de cambio” le extiendan la confianza y, fundamentalmente, le autoricen el gasolinazo, una medida cuya meta central es ampliar la chequera para que no se detenga el jolgorio. La oposición ha anunciado una cumbre paralela. Es posible que no haya muchos voluntarios para hacerse cargo de lo que quedará de Bolivia cuando esta juerga llegue a su fin.
No hay comentarios:
Publicar un comentario