Bolivia no ha inventado nada en materia de los derechos de los
indígenas. El paquete vino sellado con la denominada “Cuarta Generación
de Derechos Humanos”, carro al que se subió el Gobierno del MAS con el
objetivo de lucir “chic” ante la comunidad internacional. Dentro de ese
embalaje llegó la Convención 169 de la OIT que obliga a los gobiernos a
involucrar a los pueblos originarios en los proyectos de desarrollo y
a consultarles cuando los planes afecten sus derechos, entre ellos, a
disponer sobre su propio territorio. Como sabemos, el Gobierno
“descolonizador” ignoró olímpicamente esta disposición cuando inició la
construcción de la carretera por el medio del Tipnis. Cuando se dieron
cuenta de que se habían chocado contra un gran muro, intentaron
remediarlo con una consulta posterior, llena de recovecos colonialistas,
como el intento de soborno con “espejitos de colores”, el acarreo de
falsos dirigentes y también abundante alcohol y jolgorio, como hacían
los viejos caciques de pueblo. La Convención 169 estable que la consulta
se debe realizar de acuerdo a los usos y costumbres de los indígenas, a
lo que el Gobierno ha respondido que ya no hay para qué seguir
discutiendo porque se han asegurado la aprobación de los dos tercios de
los dirigentes del Tipnis. Eso no sólo es colonial, es liberal hasta los
tuétanos.
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