En junio de 2009, cuando estallaron los enfrentamientos en la localidad
peruana de Baguá, el Gobierno boliviano fue acusado por la
administración del presidente Alan García de haber asesorado y brindado
apoyo material a los pueblos indígenas de varias etnias amazónicas que
bloquearon durante dos meses una carretera, en rechazo al inicio de
operaciones de una petrolera transnacional dentro de su territorio.
Aquella vez y de la misma forma que lo hacen en estos días en Cajamarca,
los campesinos exigían su derecho a la consulta previa y desde Bolivia
obtuvieron un vehemente respaldo expresado a voz en cuello por el
presidente Morales. Hay que recordar que la protesta de los indígenas
terminó en una masacre que ocasionó más de 30 muertos y al final el
Gobierno de Alan García, tal como lo viene haciendo su sucesor, Ollanta
Humala, “le metieron nomás” en contra de la decisión de los indígenas.
Hace unos días, el ministro de Gobierno de Bolivia, Carlos Romero, ponía
de ejemplo al Perú cuando se refería al problema del TIPNIS. Pero no
puso de ejemplo a los indígenas, sino a la decisión tomada por los
gobernantes peruanos.
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