El colmo del abuso se produce cuando un gobernante es capaz de definir
las leyes y decidir qué es delito y qué acciones están en concordancia
con “sus” decretos. Eso fue lo que tumbó a los monarcas franceses a
quienes les habían pasado por alto que se comparen con seres divinos y
que se enriquezcan a costa del pueblo. La revolución llegó cuando los
príncipes gritaban a voz en cuello “ley es lo que manda el rey”. Más o
menos como lo que ha ocurrido en la mina Mallku Khota, donde un grupo de
comunarios secuestró y torturó durante once días a un policía y a
varios funcionarios de la empresa canadiense South American Silver, que
cometieron el “delito” mortal de disfrazarse de campesinos para pasar
inadvertidos entre los que invadieron la empresa. El ministro de
Trabajo, Daniel Santalla, dijo que la acción de los dirigentes no tiene
que ser investigada porque no constituye un delito, mientras tanto,
justificó el dictamen de la justicia comunitaria que ha condenado a los
“carapálidas” a entregar mil adobes en un plazo de 30 días en castigo
por haberse disfrazado. Como premio, los “makukotenses” serán recibidos
en el Palacio de Gobierno por el presidente Morales, quien se niega –por
temor dice-, a reunirse con los indígenas del TIPNIS.
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