Es muy arriesgado que el Gobierno decida arremeter con la consulta en el
TIPNIS como si se tratara de un acto de conquista de talante
aventurero, al estilo de los adelantados que con arma en mano
incursionaron en estos territorios hace 500 años. No sólo han pasado
cinco siglos y se abrieron muchas heridas que todavía no han sanado. La
humanidad aún tiene una deuda muy grande que pagar y precisamente la
consulta previa a los pueblos indígenas debía ser una manera de
restablecer el respeto hacia los dueños de esta tierra, que han
permanecido ignorados y abandonados durante tanto tiempo.
La consulta que intenta llevar adelante el Gobierno es extemporánea y
llena de errores de procedimiento. Está rodeada de chantaje, engaños y
muchas trampas, lo que hace pensar que sus impulsores están dispuestos a
cualquier cosa con el fin de alcanzar el objetivo previsto de construir
la carretera por el interior del parque Isiboro-Sécure.
Pese a que la consulta prevé todo un proceso para alcanzar el consenso
entre los interesados, el Gobierno apenas lo ve como una simple encuesta
a mano alzada, que seguramente será manipulada con el uso de prebendas y
el amedrentamiento militar. Todo este clima es un poderoso caldo de
cultivo para el enfrentamiento y desafortunadamente, después de tanto
abuso y provocación, los indígenas parecen también dispuestos a todo
para proteger su territorio y la vida de sus familias.
Las autoridades deberían escuchar el clamor de numerosas instituciones y
organismos que han solicitado postergar la consulta hasta que se
aclaren las cosas y el Gobierno mismo brinde las garantías de
transparencia que mantiene a los pueblos originarios en estado de
emergencia y desconfianza frente a cualquier movimiento gubernamental.
Las Fuerzas Armadas, cuyas manos están manchadas de sangre con tantos
conflictos del pasado, deberían pensar muy bien antes de prestarse a
este juego siniestro, del que no han querido participar entidades como
la OEA o la ONU, porque no quieren ser cómplices de la patraña armada
por ciertos aventureros ligados al Palacio Quemado.
La Iglesia Católica se ha ofrecido a interceder para que todo este
proceso se produzca en paz, sin embargo, desde la Presidencia han
respondido con descalificativos que sólo agregan más elemento caldeado
al problema.
Si bien los indígenas han lanzado advertencias apocalípticas en relación
a la consulta, no han dejado de insistir en los mecanismos legales para
hacer prevalecer la justicia y las normas constitucionales. El pasado
miércoles presentaron un amparo ante el Tribunal de Justicia de
Chuquisaca, luego de que no se cumpliera el fallo del Tribunal Supremo
que insistía en el consenso como requisito indispensable de la
consulta.
Las autoridades judiciales tienen el deber de pronunciarse cuanto antes
porque de esta manera ejercerán presión sobre la necesidad de buscar el
diálogo y restablecer la cordura en este asunto que lleva casi dos años
consumiendo las energías del Estado y el interés de la opinión pública.
Otro de los llamados a intervenir para exigir respeto entre las partes
es el Tribunal Supremo Electoral. Ellos mejor que nadie saben que no
existen las garantías para que se produzca una libre expresión de los
involucrados y su deber es manifestarlo ante la población y dejar su
actitud de complicidad aparentemente inocente frente al Órgano
Ejecutivo. Estamos ante un riesgo muy grande de enfrentamiento y
derramamiento de sangre. Hay que actuar pronto y con la firmeza
necesaria.
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