El voto es la esencia del contrato social que da origen al sistema
democrático. La democracia no termina en el acto de votar, pero no es
posible concebir una sociedad pluralista y libre, sin el ejercicio del
voto. Es la única manera de mantener viva la utopía de la soberanía del
pueblo y la constante búsqueda del bien común, razón de ser de la
política y de la existencia misma del Estado como forma de organización
social.
El voto ha sido una dura conquista de los pueblos, sobre todo del
boliviano, que llegó de manera tardía a la universalidad. Mucho más
difícil todavía ha sido lograr las cualidades de la libertad y la
transparencia, lo que le ha impedido a Bolivia superar la mera
formalidad democrática. Al boliviano actual le gusta votar. Es su manera
de mantener la fe en las promesas de la democracia.
No siempre fue así, porque ha sido muy difícil construir al menos esa
convicción que parece desvanecerse en la medida que se multiplican los
actos de traición a la voluntad popular.
El Gobierno del MAS se perfila como el más longevo de la historia de
Bolivia, superando de esa manera un nefasto promedio de inferior a los
tres años labrado a fuerza de cuartelazos y últimamente por la fuerza
dictatorial ejercida desde los sindicatos que terminaron por conquistar
el poder en el 2005. Sin embargo, nadie puede dudar que en los últimos
años se ha estado viviendo otra forma de inestabilidad democrática,
perpetrada desde del Gobierno gracias a una burda manipulación de las
leyes y la ejecución de un plan para acaparar la totalidad del poder
republicano.
El nacimiento mismo del Estado Plurinacional por medio de una nueva
constitución que traicionó la voluntad pluralista del soberano expresada
en el Referéndum Constituyente del 2006, ha sido una gran impostura que
ha dado origen a la mayor cantidad de atropellos contra el estado de
derecho que se hayan producido durante un régimen que se hace llamar
“democrático” y que nació del voto de la gente. La situación que han
estado atravesando decenas de alcaldías del país por culpa de una falsa
ley autonómica ha sepultado décadas de trabajo a favor de la democracia
municipal y la espiral golpista tiende a agravarse con serios perjuicios
para el porvenir de los pueblos, donde ahora reina el pillaje político
que favorece la corrupción y posterga obras y servicios imprescindibles
para la gente.
Lo mismo ha ocurrido en las gobernaciones, en las que se han consumado
furibundos golpes de Estado, amenaza que hoy se yergue también sobre
Santa Cruz. En estas condiciones, el voto sufre una devaluación
perniciosa que puede acabar con esa convicción popular, algo que puede
ser contraproducente para el oficialismo que hoy se llena de temores
ante la amenaza de un golpe de Estado.
Son demasiadas burlas hacia los anhelos históricos de los bolivianos de
lograr una convivencia armónica y superar los problemas estructurales
del país que se plasmaron en un proceso de cambio que se ha convertido
en una mera estrategia de perpetuación de un modelo autocrático.
Traicionar de manera tan descarada el voto de la población ha sido
precisamente el factor que ha estimulado la constante conflictividad del
país, fenómeno que está llegando a límites que tal vez el Gobierno ya
no esté en condiciones de frenar.
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