A mediados de julio de 2010 fue aprobada la Ley Marco de Autonomías, cuya única utilidad ha sido el derrocamiento de decenas de autoridades municipales y departamentales legalmente elegidas por el voto popular. Esa ley convirtió a los fiscales en seres todopoderosos capaces de defenestrar a un alcalde con una “michi” denuncia, además agravó el problema de la inestabilidad en cientos de alcaldías del país, incluyendo a La Guardia, por ejemplo, que durante años había conseguido posicionarse como un “municipio modelo”. Con esa ley el régimen nacional se deshizo de líderes valiosos como René Joaquino en Potosí, por una supuesta irregularidad considerada irrisoria en comparación con hechos de corrupción que vienen repitiéndose con mucha asiduidad en el Estado Plurinacional. El 17 de julio de 2010 el gobernador Rubén Costas se pronunció sobre la Ley Marco de Autonomías. Esto fue lo que dijo: “con esta nueva Ley de Autonomías, la lucha recién empieza, las regiones opositoras darán batalla, ya que el proceso autonómico avanza a pasos imparables” El Gobernador no solo aceptó la nueva norma, sino que además dijo que es mentira que se esté perdiendo la autonomía por la cual se votó y se luchó en Santa Cruz y en otras regiones. Lo único que ganó Costas con esa ley es ser el último de la lista de los gobernadores en vías de derrocamiento.
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