martes, 10 de julio de 2012

Drogas y poder: atando cabos

Muchas de las interrogantes que se han estado haciendo los bolivianos
encuentran respuesta en un reciente reportaje publicado por la
prestigiosa revista “Veja”, la de mayor circulación en Brasil. En la
crónica, basada en un informe de inteligencia de la Policía Nacional,
se revelan datos muy precisos sobre el accionar de algunos jerarcas
del Gobierno del MAS, presuntamente vinculados a mafias del
narcotráfico en Brasil, país que se ha convertido en el principal
destino de la cocaína producida en Bolivia.

 Hace unos años, el candidato a presidente de Brasil y gobernador del
estado de Sao Paulo, José Serra, acusó de cómplice del narcotráfico al
gobierno boliviano. Meses después calificó como “autopista de la
droga” a la carretera se pretende construir por el medio del TIPNIS,
financiada por Brasil y cuyo contrato fue firmado en el Chapare por
Lula Da Silva, cuando éste lucía una guirnalda de coca en el cuello.

Desde que llegó al poder, el Gobierno del MAS se empecinó en controlar
las regiones fronterizas, especialmente el departamento de Pando,
donde  ejecutó un plan político militar que dio cuenta del prefecto
Leopoldo Fernández y le otorgó el control de toda la Amazonia
boliviana, donde sectores de la oposición se habían manifestado
hostiles hacia el oficialismo. La gota que rebalsó el vaso fue la
acción de grupos contrarios que trataban de impedir las sospechosas
operaciones de aviones que hacían vuelos directos a Venezuela, país al
que se puede llegar sin escalas desde el extremo norte del territorio.

La publicación de Veja habla de la importancia de la carretera Villa
Tunari-San Ignacion de Moxos, no sólo para la expansión de las
plantaciones de coca del Chapare, sino también para consolidar el eje
narco-cocalero-estatal en la región amazónica, cabeza de playa de la
floreciente industria en la que actúan agentes gubernamentales, con
amplia determinación en el combate a los indígenas del TIPNIS, el muro
de contención con el que se ha topado este plan, que cuenta desde hace
un par de años con la acción institucional de la Agencia para el
Desarrollo de las Macroregiones y Zonas Fronterizas (ADEMAF), que a
nombre de la soberanía, ha recibido el control militar (con apoyo
venezolano) de más de un tercio del territorio nacional.

El informe pone de relieve el papel que juega el Chapare en este eje y
por supuesto, el hecho de que gracias al apoyo gubernamental, la
producción de coca se haya incrementado en más de un 20 por ciento, lo
que ha repercutido en el aumento de la producción de droga, tomando en
cuenta que más del 70 por ciento de las cosechas de la “hoja sagrada”
se destinan a la fabricación de cocaína.

El reportaje nos ayuda a entender por qué el caso del general René
Sanabria, un narcotraficante confeso que actuaba desde el Ministerio
de Gobierno es un hecho casual ni aislado. Este episodio que puso bajo
sospecha al Estado boliviano fue precisamente el llamado de alerta
sobre los alcances del negocio de la cocaína en el país y ha
movilizado a gobiernos vecinos, a Estados Unidos y a la propia ONU a
ejecutar acciones tendientes a frenar lo que a todas luces es el
florecimiento de un narco-estado en el corazón de América del Sur.

Lo más grave del informe es que señala a Brasil como directo
responsable de todo lo que ha estado sucediendo en Bolivia con
relación al desarrollo del narcotráfico, fenómeno que ha disparado el
consumo de cocaína y ha agravado problemas como el tráfico de armas y
la inseguridad en las ciudades brasileñas, donde más del 60 por ciento
de la droga que se consume es de origen boliviano. Esto podría ayudar
a endurecer las medidas tomadas por el gobierno brasileño, que desde
hace meses mantiene militarizada la frontera con Bolivia.

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