Un escándalo tras otro

Que salte de nuevo un escándalo en YPFB no es ninguna novedad y tampoco lo será en el futuro. La corrupción viene salpicando cada vez más alto en la estructura estatal y sucede porque no hay quién la controle. La noción de fiscalización ha desaparecido completamente de la administración pública, no hay licitaciones y la Contraloría, los fiscales, el Congreso, las leyes y ministerios anticorrupción sólo funcionan para los enemigos, especialmente para defenestrar a las autoridades de la oposición.

Un asesinato fue el que destapó a principios del 2009 el mega-escándalo que envió a la cárcel al entonces presidente de YPFB, Santos Ramírez, quien se vio impedido de tapar su fechoría porque aquel suceso cobró ribetes cinematográficos. No es casual que la postema haya surgido exactamente en el mismo lugar y con características muy parecidas, es decir, que un hecho accidental hubiera servido para que la opinión pública se entere de que nada ha cambiado en la petrolera estatal, emblema y buque insignia de la nacionalización.

Quedan demás las palabras del presidente de YPFB, empeñado en hacer creer que ese es un hecho aislado y que su despacho es el que impulsa la investigación. Lo cierto es que lo que venía sucediendo en torno a la planta separadora de gases de Río Grande –obra que parece poseída por los demonios-, se ha dado porque en la petrolera reina la discrecionalidad y en el peor de los casos la complicidad de altas autoridades gubernamentales.

Las características de este hecho son también dignas de un thriller. Millones de dólares involucrados, borracheras, accidentes, lujosas mansiones y hasta una caja de seguridad en un banco privado. Todo esto y las denuncias de funcionarios saliendo de la casa de un narco con un maletín al estilo James Bond (literal) son como para preocupar a cualquiera, mucho más a los más altos responsables del Gobierno. La ciudadanía, que se ha mostrado altamente tolerante hacia los abusos y atropellos contra la democracia, no suele soportar cuando los niveles de latrocinio se vuelven tan descarados.

El Gobierno no sólo se ha equivocado al dirigir sus dardos a la cacería de los exgobernantes “sucios y ladrones neoliberales” y los “siempre corruptos” opositores, para quienes diseñó leyes draconianas y las puso en manos de temibles sabuesos. En honor a la verdad eso lo han hecho casi todos, aunque no en las mismas proporciones actuales.

Las autoridades se creyeron su propio “verso” del “cambio”, de la “reserva moral”, la supuesta rectitud de los movimientos sociales y la honorabilidad de las nuevas olas de políticos progresistas. Se olvidaron que el poder corrompe y lo hace mucho más rápido cuando no existen los mecanismos institucionales para evitar los desbandes.

No cabe duda que hoy, el Gobierno del MAS, que había prometido convertirse en el más limpio y honesto de la historia, se ha vuelto un rehén de los mismos vicios que provocaron la muerte de varios gobiernos, de partidos políticos, líderes y que hicieron tambalear el sistema democrático. Es curioso que un ministro acusado de corrupción trate de escudarse en el Gobierno para zafarse de las serias denuncias que se han publicado en su contra. Y es que en la medida que el Estado no investigue, no sancione y no se deshaga de los elementos espurios, se vuelve cómplice y sin duda alguna, estará labrando de esa manera su destino.