El cuadro que hoy se vislumbra toca niveles que sobrepasan los límites de la institución formativa, donde en principio, se ha llegado a comprobar que alrededor de ella existía toda una mafia dedicada al comercio ilegal de vacantes de ingreso, cuyas actividades eran de conocimiento de altas autoridades policiales que se beneficiaban del cohecho.
Asimismo, existen algunos indicios de complicidad en ciertos niveles políticos que, según denuncia el ministro Romero, habrían accedido al negocio, aprovechándose de las posibilidades que otorga la Anapol para el ingreso de postulantes pertenecientes a comunidades originarias. Se ha comprobado en primera instancia, que ninguno de los 54 casos observados y que dieron pie a la denuncia, pertenecen a la categoría de “indígenas” y en todo caso, en la lista aparecen personas que habrían pagado para ingresar y otros, familiares de connotadas figuras gubernamentales, que directamente apelaron a ciertos atajos que les permiten sus altas funciones en el Gobierno. El colmo de todo, de acuerdo a los informes, es que los denominados “interculturales” también habrían pagado hasta cinco mil dólares para ingresar a la academia policial.
En definitiva, se trataría de un típico caso que muestra cómo la corrupción sigue enquistada en todo el cuadro institucional del país y que toca varias instancias estatales: Policía, ministerios, viceministerios y también la Asamblea Legislativa.
Otra conclusión que se puede extraer de este caso es que poco y nada se ha avanzado en la limpieza de la institución policial, tantas veces anunciada por el Gobierno. Lo lamentable es que dentro de la institución supuestamente llamada a hacer cumplir la ley, sigue funcionando algún tipo de asociación delictuosa que en el pasado se ha vinculado a delitos mayores como el narcotráfico y los asaltos a mano armada. La peligrosidad de estos malos elementos preocupan incluso a los altos jerarcas de la Policía que hoy están en funciones políticas. Recientemente el viceministro Miguel Vásquez, excomandante nacional manifestó su temor de morir asesinado por sus propios camaradas y pese a ello manifestó su voluntad de hacer un profundo trabajo de limpieza.
El general Vásquez debe admitir que una purga en la Policía depende en primer lugar de una correcta separación de los niveles políticos e institucionales. Una entidad manoseada descaradamente por el Órgano Ejecutivo y los jerarcas partidarios, mal puede ser sometida a una labor de reforma y purificación, cuando se está viendo, que la corrupción es precisamente uno de los resultados de la constante interferencia.
Una Policía que sirve a los políticos en lugar de servir a la población, desesperada por la inseguridad y el aumento de la criminalidad, es incapaz de mirarse al espejo con la finalidad de corregir sus errores. La politiquería y la corrupción van de la mano y ambos niveles deben admitir que a este paso, no están haciendo otra cosa que contribuir a la desintegración institucional. Es triste ver cómo una entidad que debería merecer el respeto de todos, hoy se encuentre en semejante descrédito.
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