Estado y producción

Los últimos acontecimientos en materia económica en el país deben provocar un intenso debate sobre la situación que enfrenta la empresa privada hoy en Bolivia, las condiciones en las que se ha hecho y se hace empresa y el futuro que le espera a este sector. Particularmente en Santa Cruz, los grandes avatares ponen en duda la continuidad del modelo productivo basado en la iniciativa privada, en la libre empresa y la apertura de los mercados.

Para nadie es desconocido que el Gobierno intenta convertir al estatismo en el pilar fundamental de la economía nacional y en ese afán, no solo ha destinado grandes recursos financieros y humanos a la nacionalización de empresas y la creación de nuevas unidades productivas, sino que también ha derrochado esfuerzos legales, políticos, mediáticos e institucionales en achicarle espacios a los sectores privados, a los que les ha aplicado  fuertes restricciones y una serie de prohibiciones que han ocasionado la eliminación de mercados y en otros, la desaparición de importantes actores privados, con la consiguiente reaparición del terrible fantasma del monopolio estatal.

Los empresarios bolivianos no han dejado de exigir en estos años la aplicación de reglas claras, la necesidad de dotar a las actividades de la suficiente seguridad jurídica y, sobre todo, la equidad en el tratamiento regulatorio e impositivo, ante evidentes actos de permisividad frente a ciertos sectores afines al proceso político, mucho más todavía respecto de compañías estatales que han recibido el beneficio de la condonación impositiva y el respaldo económico con fondos públicos para compensar pérdidas.

El Gobierno no debe dar lugar a denuncias que hablan de un intenso hostigamiento de los organismos públicos hacia ciertas actividades privadas. En todo caso, su misión es ser un árbitro imparcial y cuando amerite, servir de soporte, pues ante todo, se debe proteger el empleo, la producción y la libre competencia. Es lamentable que muchos vean al Estado como un competidor desleal frente a muchas actividades privadas que son las que pagan impuestos, las que generan fuentes de trabajo y las que mantendrán un compromiso permanente con la competitividad, la expansión de los mercados y las exportaciones, que generan importantes divisas para el país.

Otro aspecto que hay que tener en cuenta en las actuales circunstancias es la excesiva politización en la que se desenvuelven todas las actividades del país, entre ellas el quehacer productivo. Hoy, las empresas privadas dependen más que nunca de la venia de las decisiones políticas para poder subsistir. Los empresarios están sujetos a un estado de inseguridad constante, producto de los comportamientos erráticos de actores gubernamentales que mezclan y confunden con demasiada facilidad lo político con lo económico y lo legal y han llegado al extremo de condicionar a la empresa privada en función del apoyo o no al Gobierno.

Pese a que el régimen político en funciones ha hecho las suficientes aclaraciones de que no está en contra de la iniciativa privada y que su misión es consolidar un sistema en el que convivan de manera armónica con el sector público y estatal, es necesario que estos postulados sean llevados a la práctica con medidas que apunten a la seguridad y a la estabilidad de las decisiones.