Como se sabe, Bolivia ha experimentado una bonanza histórica en los últimos años gracias a los abultados precios de las materias primas, auge que ha mantenido un buen nivel de ingresos pese a que los volúmenes de las exportaciones han ido disminuyendo paulatinamente, ante la ausencia de políticas sostenidas de aumento de la producción nacional. Este fenómeno, además de afectar la productividad, también ha ocasionado la excesiva concentración de la economía nacional en los rubros tradicionales de la minería e hidrocarburos, que representan hoy en día casi el 90 por ciento de las exportaciones y más de la mitad de los impuestos recaudados, lo que habla de una gran vulnerabilidad económica.
La reducción de la producción nacional ha ocasionado el aumento general de las importaciones en un 24 por ciento, en especial de hidrocarburos líquidos (70 por ciento). En este momento se está incrementando la actividad petrolera en el país, pero tal vez no alcance para sortear la nueva crisis del precio del petróleo que se avecina y que obligará al país a aumentar la erogación de divisas para adquirir diesel, gasolina y GLP del exterior a precios exorbitantes, mientras que los carburantes a nivel nacional se mantienen congelados.
Los ingresos alcanzan para cubrir las importaciones, pero no para enfrentar el inmenso costo que demanda la actividad política nacional, que se mantiene en estado de proselitismo constante desde hace seis años. Eso ha obligado al Estado a endeudarse en época de bonanza hasta alcanzar la cifra histórica que supera los mil millones de dólares. La ortodoxia económica dice que no es conveniente adquirir acreencias en épocas de vacas gordas, pues no habrá cómo pagarlas cuando lleguen las dificultades.
Según la Fundación Jubileo, la deuda externa boliviana ha aumentado en un 43 por ciento en los últimos cuatro años y si bien Bolivia ha podido sortear con cierto éxito las últimas vicisitudes mundiales, cada vez son más claros los indicadores que deben llevarnos a la cordura en los gastos. Las recientes alertas del Fondo Monetario Internacional son más vehementes que las lanzadas en el pasado reciente, cuando estallaron los problemas en Estados Unidos y posteriormente en Europa, una crisis que parece alargarse demasiado.
Se están viendo algunas señales positivas que es necesario acentuar. El Gobierno acaba de lanzar una convocatoria para que el sector privado participe en la reactivación productiva que se pondrá en marcha con el dinero de las reservas internacionales del Banco Central. No cabe duda que si esta fórmula funciona, hecho que depende de que el Estado asuma correctamente su rol y deje a las empresas hacer su trabajo, los resultados se verán en un aumento de la producción, en la dinamización de la economía, la diversificación y la creación de empleos.
Si el Estado verdaderamente quiere ser socio de los empresarios privados, debe crear las condiciones necesarias para facilitar las inversiones en todos los rubros y abrir los mercados para que las empresas puedan crecer y crear riqueza.
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