Retardación de justicia

El cardenal Julio Terrazas celebró una misa en la cárcel de Palmasola durante los días de Semana Santa. Allí denunció el grave estado de hacinamiento y retardación de justicia que sufren los reclusos, víctimas también de la violencia, la drogadicción, el virus del Sida y la tuberculosis.

Se critica con insistencia la labor de la Iglesia, pero no queda más que decir que otra vez la institución eclesial le ha tomado la delantera a las entidades estatales que llevan años sin atender este grave problema. Los nuevos jueces y magistrados elegidos por el voto popular, llevan varios meses en funciones y ninguno se ha dignado en echarle por lo menos una ojeada a las cárceles del país, donde anida un terrible caldo de injusticia del que puede surgir también el descontento con ribetes de tragedia. Lo hemos visto en numerosos países y Bolivia no está lejos de esa realidad.

Y así como la Iglesia ha llamado la atención sobre los reclusos, la oficina de la ONU en Bolivia le dedicó un capítulo especial a la situación carcelaria en su último informe sobre el estado de la justicia boliviana. De acuerdo a la reseña del organismo internacional, en los tribunales nacionales existen por lo menos 500 mil causas pendientes acumuladas entre el 2009 y el 2011, lo que ha ocasionado una elevación del porcentaje de presos sin sentencia.

Se sabe exactamente que la justicia ha sido sometida a profundos cambios en los últimos años, no siempre dirigidos hacia la búsqueda de una mejoría significativa en los niveles de celeridad y transparencia de los procesos. Las consecuencias están a la vista, no solo tiende a incrementarse la retardación y el consiguiente hacinamiento en las cárceles, sino que se agrava la injusticia y la inseguridad.

Quienes logran salir en libertad de las prisiones bolivianas no son precisamente los que son hallados inocentes luego de un juicio o han cumplido sus condenas, sino quienes tienen los recursos para conseguir burlar al sistema, vía trámites leguleyos y viejas trampas jurídicas. De esa manera vemos cómo todos los días abandonan los centros de reclusión, peligrosos delincuentes que se dedican a reincidir en el crimen, mientras que muchos de los internos categorizados como “pobres diablos” se quedan a purgar años en la más atroz ignominia, que muchas veces se convierte en el tiempo aprovechado para perfeccionarse en las técnicas del hampa.

Lamentablemente no son auspiciosas las expectativas de la ONU en relación a los recientes cambios en el Órgano Judicial, pues considera que la crisis en realidad se ha ahondado en los estratos jurídicos.

El organismo no cree que a partir de la elección y la posesión de las autoridades se puedan implementar las reformas que posibiliten los cambios de fondo que requiere la justicia boliviana. Y uno de los desafíos más grandes es superar la imposibilidad física de los jueces para atender adecuadamente cada una de las causas. En las circunstancias actuales, cada juez boliviano tiene 653 procesos pendientes que atender, algo que los condena a reproducir una y otra vez el problema.

Pese a los informes poco alentadores, solo queda tener fe en que los nuevos hombres y mujeres que han tomado las riendas de la justicia puedan revertir y cuando menos paliar en parte la triste situación.

Ellos deben comprender que la legitimidad de un juez no se consigue con el voto, sino con acciones cotidianas, con la conducta transparente y la credibilidad de las sentencias.