Tres años y las dudas se mantienen

Se han cumplido tres años de la intervención de las fuerzas policiales en el hotel Las Américas, que derivó en la muerte violenta de tres ciudadanos europeos, aparentemente ajusticiados con saña por agentes al mando de jerarcas de los servicios de seguridad del Estado. A partir de ese fatídico hecho, organismos estatales iniciaron una polémica investigación que derivó en detenciones y acoso judicial, con el argumento de que algunos bolivianos habían estado conspirando contra la unidad del país que habían cometido actos de terrorismo.

Desde entonces, y como resultado de aquella acusación más plagada de dudas que de certezas, decenas de líderes, empresarios y activistas del proceso autonómico, han sufrido un tenaz hostigamiento que ha llevado a muchos de ellos a ser objeto de acusaciones débilmente sustentadas jurídicamente y que han sido blanco de cuestionamientos por parte de organismos defensores de los derechos humanos e incluso de la ONU y la Unión Europea.

Precisamente en estos días, cuando se cumple el tercer aniversario de aquel suceso, se ha conocido de los trámites que hacen los familiares del ciudadano irlandés Michael Dwyer ante el Parlamento Europeo para conseguir que el Gobierno boliviano desista de la manipulación de este proceso investigativo y acceda a realizar un nuevo proceso libre de presiones. Tanto en Irlanda como en Hungría se realizaron autopsias a los cadáveres repatriados de Dwyer y Árpád Magyarosi y en ambos casos se comprobaron señales claras de ejecución sumaria y tortura.

Desde esa fatídica madrugada del 16 de abril de 2009, y con el afán de sostener la tesis de un supuesto complot terrorista, el Gobierno puso en marcha un gigantesco operativo digitado desde las esferas políticas que, pese a su enorme costo en recursos financieros y humanos, no ha conseguido despejar en la opinión pública la idea de un gran montaje.

Lamentablemente, en todo ese camino se han violado los derechos humanos de muchos ciudadanos, algunas personas han perdido la vida y en todo caso, se ha comprometido la credibilidad del sistema judicial a través de hechos dudosos, falsos testigos y pruebas cuya debilidad es evidente. Por esa vía, en este momento hay 39 ciudadanos acusados y próximos a ser sometidos a un juicio oral, acusados de un delito que nunca existió y enfrentados a un proceso que ha violado todas las garantías de un juicio justo.

La acción de los medios de comunicación y la tenacidad de algunos protagonistas de la sociedad civil y política que todavía luchan por la vigencia del sistema democrático y el Estado de Derecho, han sido claves para poner en evidencia lo que a todas luces es un complot político.  Sin duda alguna, el denominado “Caso Rózsa” se encuentra hoy técnica y moralmente hundido frente a los tribunales y también en relación a la opinión pública nacional e internacional.

La razón básica por la que este juicio se ha hundido es sencilla: nunca hubo una investigación imparcial y las únicas pruebas existentes, apuntan a una conspiración patrocinada por altas cúpulas dirigenciales con intereses oscuros.

A tres años de esta aberración jurídica es imprescindible exigir una nueva investigación transparente e imparcial, que esté abierta a observadores nacionales creíbles como la Iglesia católica y el Defensor del Pueblo, así como también a veedores internacionales como la oficina para los Derechos Humanos de la ONU y la Organización de Estados Americanos.