No está todo dicho en relación al cordón ecológico que protege a la ciudad de las caprichosas aguas del río Piraí. Si bien hay que destacar la inmediata reacción de las autoridades municipales que procedieron a desalojar los predios vecinos de las colinas del Urubó, existe toda una trama legal que hay que esclarecer antes de que los habitantes de esta ciudad puedan dormir tranquilos, sin el temor a que un turbión se lleve todo como aconteció en marzo de 1983, cuando esa mancha verde era mayor que la actual. Ya podemos imaginar lo que ocurriría si la capital pierde sus defensivos naturales.
Sin descartar el contubernio y la acción dolosa de funcionarios de la Alcaldía en complicidad con algunos particulares, hecho que merece el total esclarecimiento y una sanción ejemplar, hay que tener en cuenta la situación jurídica de esas 1.500 hectáreas, que se encuentran bajo un régimen especial de acuerdo a ordenanza, pero que de ningún modo son “intangibles”.
Un gran porcentaje de esos terrenos tiene propietarios, cuyo derecho abarca la posibilidad de hacer algunas edificaciones, manejar la crianza de animales e incluso hacer aprovechamiento turístico, lo que implica seguramente la alteración de las condiciones originales del suelo y sobre todo la destrucción de la capa vegetal, que en definitiva es lo que más interesa conservar a manera de barrera natural ante un posible desborde del río.
Con el tiempo, la falta de control que se ha hecho evidente en el episodio reciente, los vaivenes políticos y la corrupción que siempre está al acecho en estos casos, no cabe duda que en lugar de un cinturón ecológico, nos quedaremos con un inmenso peladar o con un tolderío entremezclado con condominios y urbanizaciones, pero en todo caso, a merced de cualquier crecida que puede llegar en cualquier momento.
Lo que conviene ahora es generar un urgente debate y presionar a la Alcaldía para que busque la manera de asegurar la intangibilidad del cordón ecológico, donde no pueda existir más que las tareas de reforestación, el cuidado de la naturaleza y cuando mucho, otorgarle a esas tierras la cualidad de interés científico, donde estudiantes e investigadores puedan desarrollar su trabajo y hacer aportes a la comunidad. El municipio tiene toda la potestad de iniciar un proceso de expropiación de acuerdo a leyes, garantizando el derecho que ahora tienen muchos particulares.
La ciudad de Santa Cruz no necesita extenderse más allá los límites actuales, lo que se requiere con urgencia es densificar el radio urbano, darle una orientación humana a esta selva de cemento y nada mejor que asegurar un pulmón verde a perpetuidad, como debería hacerse también con otros predios ubicados en los cuatro puntos cardinales de la ciudad. Si bien se aplaude una gestión municipal preocupada por mejorar la infraestructura vial, base de toda proyección como ciudad, es hora de que se busque también una integración saludable entre modernidad y naturaleza que han logrado grandes ciudades en el mundo.
Santa Cruz tiene que ponerse a tono con las tendencias planetarias, orientadas hacia la preservación como forma de asegurar la supervivencia de todos. Es momento de generar un hito histórico y dejar sentada para las futuras generaciones una valiosa herencia.
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