Lo que más está fallando, sin duda alguna, es el sistema judicial, cuyos reformadores discuten si es recomendable usar las hojas de coca para determinar los fallos, mientras los otros se concentran en el minucioso plan de persecución política que ahora penaliza también el apoyo a los indígenas marchistas. Un ministro de Estado que trata de justificar el irregular nombramiento de un jefe policial, llega al extremo de admitir que el cumplimiento de las leyes es opcional y la vigencia de los procedimientos puede suspenderse temporalmente.
Los linchamientos son la mejor expresión de que la ausencia de Estado sigue siendo el problema fundamental de Bolivia. La mayoría de ellos ocurren en las áreas rurales, donde hay otros “imperios” que han sustituido a las normas y a la autoridad. No es casual que desde el año pasado, más de diez policías hayan sido linchados por vecinos y comunarios que se escudan en la justicia comunitaria para esconder situaciones reñidas con las leyes, especialmente contrabando y narcotráfico.
En Yapacaní, hace unos días, una multitud se encargó de truncar un operativo antidrogas de la Policía que intentaba intervenir en un centro de acopio de cocaína. La gente se movilizó para proteger a los mafiosos y consiguió su objetivo. Menos mal que ningún efectivo resultó herido como sucedió semanas atrás muy cerca de allí, en la zona de San Germán, donde dos policías fueron tomados de rehenes y azotados por los “narco-comunarios” que defienden la vigencia de un nuevo orden que aparentemente goza de la connivencia estatal.
Los casos más recientes, el asesinato de un policía que fue confundido por un ladrón en El Alto y el linchamiento de un sospechoso en la localidad de San Julián, forman parte del mismo fenómeno de la anomia social que lleva a los ciudadanos a defenderse como pueden de la criminalidad que no encuentra freno, porque la Policía está más atenta a los quehaceres del poder que derivan en corrupción y la reproducción de un esquema gubernamental que descuida la verdadera misión de las instituciones.
El “proceso de cambio” ha derivado lamentablemente en un sistema que le facilita las cosas a la economía ilegal e informal. Desde los púlpitos oficialistas nadie repara en admitir la realidad de los “chuteros” y otros sectores que gozan de la tolerancia oficial. A través de los fenómenos como los linchamientos, los ataques a la Policía y la conducta de grandes masas de la población que reivindican el delito como medio de supervivencia, no hay duda que estamos en el camino infalible hacia la descomposición social del país, un paso previo a la desaparición del estado formal y sus leyes.
Hoy es la Policía la que resulta víctima de los que se sienten empoderados por el régimen para imponer sus propias normas. Mañana serán otras las instituciones que resultarán incómodas para la nueva Bolivia marginal que se está construyendo. Es obvio que los gobernantes, sus organizaciones y todo lo que pueda estorbar a la vigencia del nuevo orden también figuran en la lista. Es como un terremoto o un aluvión que no deja nada en pie. Hay regiones de México donde esto ya está ocurriendo.
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