Ernesto Suárez, exgobernador del Beni, renunció al cargo porque no halló
ni un solo espacio en la nueva justicia boliviana para reclamar sus
derechos arrebatados ilegalmente por el régimen político en funciones.
Suárez se cansó de peregrinar como lo hacen muchos opositores, para
quienes el Poder Judicial es una suerte de muro infranqueable. Una
diputada que fue víctima de espionaje, al mejor estilo de la KGB o de la
Stasi, no tuvo eco en el Ministerio Público para sentar su denuncia,
amparada por todas las leyes nacionales y la Constitución. Sin embargo,
una querella en su contra interpuesta por el Ministerio de Gobierno por
supuesta instigación a la sedición (léase apoyar la marcha del Tipnis)
ya tiene un fiscal designado y el proceso está en curso. Algo similar
les ocurre a los acusados por el denominado "caso terrorismo".
Recientemente el diputado húngaro Gergely Gulyas, quien exige la
libertad de su compatriota Elöd Tóásó quedó azorado por lo que ocurre en
Bolivia. Antes de abandonar el país dijo que "Bolivia no respeta ni sus
propias leyes" y al llegar a Budapest anunció que planteará ante la
Unión Europea revisar la cooperación que suministra al Estado
Plurinacional.
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