Municipios en vías de destrucción

Todos los días el Ministerio de Hacienda informa de algún municipio cuyas cuentas han sido congeladas por algún problema de gobernabilidad. Recientemente, la entidad HS Datos, reveló que un tercio de las 337 alcaldías del país están envueltas en conflictos que prácticamente han paralizado la gestión en esos distritos, donde reinan los enfrentamientos, las pugnas políticas internas, el revanchismo entre facciones, denuncias y otras complicaciones que suelen derivar también en bloqueos, violencia y a veces muerte, como ocurrió en el municipio de Yapacaní.

Decenas de alcaldías han cambiado de mando en los últimos años por la vía de la trampa política constitucionalizada a través de la Ley Marco de Autonomías. El último caso se dio en La Guardia, donde el municipio ha pasado de “modelo nacional” a uno más del montón, donde ya comenzaron a notarse los signos de la inestabilidad, con obras paralizadas, trabajo a media fuerza y denuncias de corrupción.

En algunos municipios como el de Buena Vista, han tenido que atravesar más de un periodo de desestabilización y el accionar de las autoridades se limita prácticamente al ir y venir de la politiquería mientras que las obras, los vecinos y los problemas se mantienen a la espera. Todo esto no solo se come tiempo valioso, sino también cuantiosos recursos y el tremendo desgaste que ocasiona un descrédito de la democracia municipal. A todo esto se debe sumar el inmenso costo que significa volver a llamar a elecciones en aquellos distritos, como sucederá este año en Punata y otras comunas.

Es obvio que mientras permanezcan vigentes los artículos 144 y 145 de la Ley Marco de Autonomías no habrá paz en los municipios del país. En realidad ninguno está exento de la crisis y la inestabilidad, tal como se puede observar en la alcaldía de Santa Cruz.

La incidencia nociva de la politización, la agudización de males endémicos como el cuoteo y el contubernio entre facciones, está destruyendo lo positivo que se pudo hacer en materia de consolidación de la democracia local y la autonomía en más de 25 años El “pasanaku municipal” como bien lo llama un especialista en el tema, no es algo nuevo en el país, sin embargo, este es un problema que tiende a acentuarse, perjudicando fundamentalmente a los vecinos de las áreas rurales, donde la Alcaldía suele ser la única opción para materializar los beneficios del Estado. En teoría, los cambios introducidos en la legislación estaban destinados a mejorar el control social y fortalecer la lucha contra la corrupción, pero lamentablemente ninguno de estos aspectos han sido las causas de la inestabilidad, sino la angurria por el poder y por consolidar una hegemonía que no se consiguió en las urnas. Lo peor de todo es que ni siquiera con el dominio oficialista sobre las alcaldías se acaban los problemas ya que inmediatamente –y porque sí-, surgen las pugnas intestinas que derivan en agitación y el posterior desequilibrio.

Es obvio que todo forma parte de una estrategia destinada a desacreditar la democracia municipal con miras a fortalecer el centralismo caudillista, una forma de administración estatal retrógrada y que está muy alejada de la búsqueda de respuestas del ciudadano, especialmente de los más humildes, los que viven en las provincias y los distritos periféricos. Fortalecer los gobiernos locales es una tendencia natural del perfeccionamiento de la democracia dirigida hacia el bien común. Destruir las alcaldías es una malsana política que traerá graves consecuencias y postergaciones al país.