Nacionalizar ¿para qué?

La nacionalización parece haberse convertido en una más de las extravagancias bolivianas, algo así como un acto reflejo, un trámite burocrático que se cumple cada Primero de Mayo, sin importar las consecuencias.

Hace un par de años, justo después de que se decretó la nacionalización de las plantas generadoras de electricidad, se iniciaron los apagones y los racionamientos de energía en el país producto de las acciones negligentes de funcionarios que se hicieron cargo de las empresas estratégicas, lo que delata un alto grado de improvisación en el proceso nacionalizador. El presidente Morales tuvo que reconocer más tarde que sus subalternos le mienten, pero en todo caso, nadie parece indicar el plan maestro que el Estado ha trazado a la hora de remplazar los capitales y la administración de las compañías privadas.

Desde hace cinco años, miles de hogares bolivianos tienen listas las conexiones de gas esperando el fluido. Decenas de industrias, entre ellas nada menos que la Jindal que impulsa los yacimientos del Mutún, se encuentran prácticamente paralizadas por la carencia de gas, cuyo destino prioritario es la exportación.

En estos seis años, el Gobierno ha tenido suficientes evidencias de que una industria como la hidrocarburífera no puede prosperar y más bien está condenada al fracaso si no existen los suficientes incentivos a la inversión extranjera. El campo energético es un sector altamente riesgoso que necesita cantidades exorbitantes de dinero que jamás llegarán al país en las condiciones que se han estado dando últimamente.

Ahora las autoridades saben que de no haberse cambiado las reglas del juego y de no aplicarse los incentivos necesarios a la inversión, la compañía española Repsol no habría hecho las cuantiosas inversiones que han servido para reactivar el campo Margarita, duplicar la producción y salvar el contrato de exportación de gas a la Argentina que estaba bajo amenaza de una nueva postergación. En lugar del “gasolinazo” que se intentó aplicar a finales del 2010, el Gobierno ha decidido otorgar estímulos a las compañías, lo que automáticamente podría traducirse en un aumento también de la producción de líquidos, cuya importación ha estado causando un grave sangrado a las arcas estatales.

Por eso es que resulta altamente disonante que justo cuando la triste realidad de las nacionalizadas, el pragmatismo y los malos resultados logrados por YPFB estaban comenzando a cambiar la historia de la confiabilidad boliviana que se extiende a todos los campos (en la minería es lamentable la situación) se apela a otro acto de patrioterismo que no parece tener más efecto que el espectáculo. Pero si hablamos de las consecuencias el destino puede ser similar a lo ocurrido con las generadoras de electricidad.

Si en el área de los hidrocarburos no se ha producido una catástrofe es porque Bolivia sigue manteniendo importantes mercados de exportaciones con los que tiene que cumplir y en los que están comprometidos precisamente las empresas Repsol y Petrobras, cuyas inversiones han estado asegurando niveles mínimos que evitan el colapso. Pero en el rubro eléctrico, poco atractivo para las inversiones extranjeras, con un mercado reducido y ávido de subsidios, la acción del Estado puede ser insuficiente, mucho más si la ineficiencia y la falta de proyectos claros vuelven a hacerse presentes.