Pese a que durante seis años se ha repetido que las petroleras
conspiraron contra el Gobierno de Evo Morales, nadie ha podido aportar
ni una sola prueba sobre esta denuncia. Lamentablemente, este discurso
sigue repitiéndose al mismo tiempo que se hacen intentos por seducir a
las compañías para que inviertan en el país en condiciones mucho más
favorables que las surgidas a raíz de la nacionalización. Se dice que
nunca más se va a expropiar una empresa extranjera, como se hizo
recientemente con una compañía del rubro de la electricidad, pero casi
de forma paralela se expresa una fuerte arenga favorable a la
nacionalización y se pide a todas las naciones del mundo emular el
ejemplo boliviano, un modelo que ha arrojado evidentes señales de
fracaso, reconocido incluso por las autoridades actuales, que hablan
mejor con sus actos que a través de sus palabras.
Es un hecho que Bolivia necesita atraer inversiones con urgencia, el
Gobierno lo reconoce y lo expresa con señales de desesperación, pero la
única forma de lograrlo es a través de un discurso coherente y reglas
claras. Hace unos días, las autoridades de la Unión Europea aceptaron de
buena gana las explicaciones que brindaron las autoridades por la
reciente expropiación de las acciones que la Red Eléctrica de España
(REE) tenía en la Transportadora de Electricidad; sin embargo, le han
exigido a Bolivia que apruebe una ley específica sobre inversiones,
porque sin seguridad, con este discurso y la inestabilidad política que
siempre está presente en el paquete de riesgos bolivianos, muy pocos se
atreverán a venir al país.
Hay otros factores que conspiran contra Bolivia además de la dualidad y
la falta de normas que estimulen las inversiones. Países de la región
como Perú, Brasil y Colombia están haciendo las cosas demasiado bien,
hecho que los convierte en un imán de los capitales que se invierten en
el rubro de los hidrocarburos. En Perú, las inversiones en el área
energética han pasado de los 278 millones a más de cinco mil millones de
dólares en el 2011, mientras que en territorio brasileño se destinarán
224 billones de dólares en el área productiva de Presal.
En el continente se está viviendo un período previo al rebalanceo de la
oferta energética, proceso estimulado por los recientes hallazgos de gas
no convencional que podría modificar sustancialmente el mapa gasífero
del Cono Sur, donde Bolivia debe volver a ocupar el lugar estratégico
que tenía antes de la nacionalización. De no superar la crisis actual,
que pone en aprietos al país incluso para cubrir la demanda interna, el
país quedará rezagado y con dificultades para darle continuidad al
contrato de exportación al Brasil más allá del 2019. De hecho, cuando se
cumpla este plazo y en caso de que se ratifique el contrato, será
difícil que el Gobierno boliviano pueda conseguir precios tan favorables
como los actuales. Eso implica necesariamente tener que ampliar los
mercados para mantener el mismo nivel de ingresos. Y eso solo se puede
conseguir con inversiones, no con foros en los que se repiten arengas
políticas que no le hacen nada bien a la economía y particularmente a la
industria gasífera.
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